Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo y Teresa Rodríguez presentan la Directiva ‘Derechos Humanos y Control Ciudadano’ para hacer frente a la “pandemia” de la corrupción. Podemos ha presentado esta mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid lo que ha denominado “Directiva Villarejo”, o lo que es lo mismo, una batería de medidas para luchar contra la corrupción, el fraude y para que la política de inmigración sea compatible con modelo social Europeo y el Derecho Internacional.
Un lista de medidas cuyos objetivos busca “erradicar la corrupción política, eliminando privilegios, reforzando el régimen de control, incompatibilidades y transparencia de las instituciones europeas y los partidos políticos”.
Así como, “adoptar medidas dirigidas a combatir el fraude fiscal, la evasión de capitales y el blanqueo de dinero proveniente del crimen organizado y las drogas” y “luchar contra los paraísos fiscales como mecanismo de las grandes corporaciones para evitar pagar impuestos en los países en los que desarrollan su actividad”. Sin olvidar, “poner fin a la vergüenza en las fronteras comunitarias garantizando el respeto a los Derechos Humanos”.
Para ello, y entre otras cosas, la formación liderada por Pablo Iglesias aboga en este documento de siete páginas presentado en el Círculo de Bellas Artes por limitar el mandato a ocho años, “evitando la profesionalización de la actividad política”.
“Resulta indispensable establecer la temporalidad de los cargos públicos electivos con una duración de ocho años que pudiera prolongarse, excepcionalmente y por causa justificada, hasta 12 años”, asegura Podemos en esta directiva.
Asimismo, según se expone, se apuesta por la limitación de sueldos. “Un parlamentario europeo cobra 8.000 euros mensuales, los Directores Generales y otros altos funcionarios triplican este salario”, algo que para este partido “es intolerable” frente a “medidas de austeridad y recortes” impuestos desde Bruselas.
De ahí que, se llame a establecer “techos salariales (correspondientes al sueldo medio del país)”. En concreto, según el decálogo firmado por los miembros de la lista de Podemos, que el sueldo de ningún eurodiputado supere tres salarios mínimos interprofesionales: 1.980 euros mensuales.
A esto hay que sumar, el endurecimiento del régimen de incompatibilidades para, entre otras cosas, “acabar con la ‘puerta giratoria”.
“Hay que impedir que la política constituya una forma privilegiada de acceso a puestos destacados en las grandes corporaciones o bancos, sobre todo después del ejercicio de Altos Cargos públicos electivos y ejecutivos en las Administraciones y Parlamentos estatales y Autonómicos”, se asegura en esta directiva que cuenta con el visto bueno de Villarejo.
En cuanto al acceso desde la actividad política a la empresa privada, esta formación “exigirá el transcurso de un plazo de 10 años desde el cese de la actividad pública. Y, en ningún caso, podría accederse a los Consejos de Administración”.
Por último, y entre otras iniciativas, Podemos quiere acabar con el privilegio de jubilación con pensión máxima después de 7 años cotizados en el Parlamento Europeo.
