La asociación de jueces progresistas recuerda a Rajoy que España es un Estado aconfesional tras la visita oficial del presidente del CGPJ al Vaticano por encargo del Gobierno. La Asociación Jueces para la Democracia ha recordado al Gobierno el carácter aconfesional del Estado español después de conocer que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, encabezó este fin de semana, por encargo del Gobierno, la delegación española que acudió a Roma para la ceremonia en la que el papa Francisco designó a 19 nuevos cardenales.
“Resulta poco respetuoso con la división de poderes propia de nuestro Estado Constitucional que el Gobierno pueda designar como delegado en un acto al máximo representante del poder judicial. Y, además, la participación en un evento religioso del presidente del órgano de gobierno judicial es contraria a la aconfesionalidad del estado que está prevista constitucionalmente”, señala la asociación de jueces en un comunicado.
Jueces para la Democracia advierte de que este tipo de “confusiones” entre la actividad pública y las funciones religiosas “se vienen reiterando de forma preocupante. En este sentido recuerdan que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha concedido la medalla de oro al mérito policial a la Virgen María Santísima del Amor, lo cual continúa una serie de menciones honoríficas a imágenes religiosas.
“También empieza a ser habitual que algunos miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones se encomienden a vírgenes para que mejore la situación económica, política o social”, apunta la asociación, que añade que “todo ello supone una quiebra de la neutralidad estatal en materia religiosa. Y con estas actitudes desde los poderes públicos se proyecta la perspectiva de que la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado Español, lo cual no resulta compatible con el principio de aconfesionalidad que establece el artículo 16-3 de la Constitución”.
Para Jueces para la Democracia “se trata de gestos que evocan tiempos predemocráticos, en los que existía una religión oficial y una plena confusión entre el plano institucional público y el religioso. Sin embargo, la laicidad propia de nuestro Estado Constitucional implica que las respetables creencias religiosas que se puedan tener en la esfera privada no pueden trasladarse al ámbito institucional”.
