La orden para acabar con las obras de Gamonal viene de la madrileña calle Génova. La dirección del PP habría obligado al alcalde de Burgos a romper con Méndez Pozo para calmar los ánimos de la población. La orden de paralizar definitivamente las obras de Gamonal no ha salido del despacho del alcalde de Burgos, sino de la madrileña calle Génova. La dirección general del Partido Popular al que pertenece el edil le habría obligado a romper de una vez por todas con el proyecto preparado por Méndez Pozo con el objetivo de calmar los ánimos de la población.
Sólo unas horas después de haber anunciado que seguiría adelante con la construcción del bulevar, Javier Lacalle ha tenido que desdecirse en sus palabras y anunciar que este mismo lunes “concluye la iniciativa” que había provocado una oleada de violentas protestas por toda España. Las consignas enarboladas por el rector del Ayuntamiento burgalés para justificar su repentino cambio de opinión han sido buscar la “paz social” y “volver a la normalidad”.
A varios observadores políticos no se les escapa que estas dos premisas ya se habían escuchado en más de una ocasión en los últimos días de boca de varios altos mandatarios populares. Los mismos que podrían haber presionado para que Lacalle rompiese definitivamente con el último proyecto ideado por Méndez Pozo, uno de los empresarios de cabecera de los sucesivos gobiernos del PP en Castilla y León.
Pese a la figura que ha supuesto tan radical cambio de criterio, el alcalde burgalés se ha reivindicado y ha criticado que las protestas no eran únicamente por el proyecto del bulevar en sí. En su discurso ha apuntado que personas ajenas al barrio e incluso a las reivindicaciones de los vecinos se han adueñado de las últimas protestas. Hecho del que, ha dicho, “somos cada vez más conscientes”.
Medios críticos con el Gobierno de Mariano Rajoy, como larepublica.es ya habían anunciado que el principal motivo de protesta de muchos era “la adjudicación del proyecto a M.B.G. Ingeniería y Arquitectura SL, sita en el Edificio Promecal y propiedad de Antonio Miguel Méndez Pozo, viejo conocido del panorama de la corrupción por su condena por falsificación documental en el ‘caso de la construcción’ de Burgos, por la que pasó dos años en la cárcel”.
Los vínculos de Lacalle con este empresario convicto, viejo conocido del expresidente José María Aznar, habría sido el detonante para que Génova haya tomado cartas en el asunto. Y es que, Burgos y sus provincias vecinas son un tradicional semillero de votos para la bancada popular. No es baladí que la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es natural de Valladolid y que Castilla y León es uno de los feudos más fieles del partido de Rajoy.
Ahora, la última incógnita sobre la polémica de Gamonal se escribe en la prensa regional de las dos Castillas. Méndez Pozo es propietario del grupo Promecal, con cabeceras en las principales capitales de estas dos regiones. Además del propio Diario de Burgos, el empresario es también máximo responsable de La Tribuna De Albacete, Diario de Ávila, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca, Diario Palentino, La Tribuna de Toledo y El Día de Valladolid.
Las ediciones digitales de todas estas cabeceras fueron ‘hackeadas’ el pasado martes precisamente por grupos afines a los manifestantes de Burgos. Ahora, con las obras paralizadas, las páginas de editorial de estos diarios podrían dar la versión de los hechos del empresario en los kioscos a la puerta del parlamento castellano-manchego que preside desde hace sólo tres años y en el que su popularidad ha venido a menos salpicada por supuestos vínculos con algunos casos de corrupción.
Mientras tanto, Javier Lacalle, que en 2006 participó en un viaje a la Costa Azul francesa patrocinado por empresarios entre los que se encontraba el hijo de Méndez Pozo se ha comprometido a que “el lunes comenzarán las tareas de reacondicionamiento” de la calle Vitoria. Queda por ver si las protestas pierden fuerza allí y en el resto de ciudades españolas que se habían sumado al descontento.
