La privatización de la gestión de hospitales o el proyecto Eurovegas, las decisiones más cuestionadas del sucesor de Aguirre. El presidente madrileño ha tenido que enfrentarse a las protestas de la Marea Blanca y la polémica que envuelve a Eurovegas en sus primeros doce meses al frente del Ejecutivo autonómico.
Ignacio González no ha empezado con buen pie su andadura como presidente de la Comunidad de Madrid. Su primer año como sustituto de Esperanza Aguirre ha estado marcado por la polémica y las protestas, que se han sucedido sin descanso debido a decisiones como la de privatizar la gestión de seis hospitales o la de empeñarse en cumplir todos los ‘deseos’ de Sheldon Adelson para allanar el camino a la llegada de Eurovegas a la región.
El presidente sólo tardó un mes en ponerse en contra a buena parte de los madrileños. Tras la dimisión por sorpresa de Aguirre a finales del mes de septiembre, asumió el cargo en medio de la elaboración de unos Presupuestos que traerían consigo un plan para la Sanidad que ha generado una amplia movilización social. Sus medidas encendieron la mecha de la denominada Marea Blanca, un colectivo formado por sanitarios, pacientes y partidos políticos que todavía hoy sale a la calle para mostrar su rechazo a las pretensiones del Ejecutivo autonómico.
Todo empezó a principios de noviembre, apenas unas horas después de conocer los planes de Ignacio González. Los trabajadores del Hospital de la Princesa, al que la Comunidad de Madrid quería convertir en un geriátrico, se encerraron en el centro para oponerse a esta conversión y a la privatización de la Sanidad pública anunciada por el Gobierno regional.
Una iniciativa que pronto se repitió en el resto de hospitales y centros de salud, y al que siguieron huelgas y manifestaciones por el centro de Madrid. Las protestas fueron tan multitudinarias que provocaron que la Comunidad de Madrid diese marcha a atrás en su plan para La Princesa. Sin embargo, el presidente no cedió ante las peticiones para que retirase sus planes para privatizar la gestión de seis hospitales y del 10% de los ambulatorios madrileños. Incluso fue un paso más allá al decretar la jubilación forzosa de más de 400 médicos de 65 años.
El ‘cabreo’ ciudadano fue en aumento, hasta el punto de que en mayo se impulsó una consulta sobre los recortes y privatizaciones en el que se lograron casi un millón de votos contra estas medidas. No obstante, el Ejecutivo autonómico hizo oídos sordos y aunque con retraso respecto a sus planes iniciales, adjudicó los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y del Tajo (Aranjuez) a tres concesionarias: Ribera Salud -que formó un consorcio junto a OHL y El Corte Inglés-, Sanitas y la puertorriqueña HIMA San Pablo.
El proceso tendría que haber culminado en octubre, pero aún no se ha puesto en marcha. Sindicatos sanitarios y partidos políticos presentaron multitud de recursos contra las privatizaciones, algunos de los cuales ya han sido admitidos por los tribunales madrileños, que han decretado la suspensión cautelar del proceso. La Comunidad de Madrid ha recurrido estas decisiones, aunque todo apunta a que no habrá una resolución en firme hasta dentro de unos meses, incluso puede que años, por lo que los planes de Ignacio González se han quedado en el ‘limbo’.
Eurovegas
Y en medio de todo este barullo por sus planes para la Sanidad, el primer año de González al frente del Ejecutivo autonómico también ha estado marcado por la polémica en torno a Eurovegas. La ‘lucha’ que mantenía Madrid con Barcelona por hacerse con el ‘macrocomplejo’ de Sheldon Adelson se saldó con victoria para la capital, y el pasado mes de febrero el propio Ignacio González, acompañado del número dos del magnate estadounidense, Michael Leven, anunció que los casinos se levantarían en Alcorcón.
A partir de ese momento el proyecto empezó a retrasarse y las previsiones iniciales se convirtieron en ‘papel mojado’. La fecha de inicio de las obras acabó por fijarse en las primeras semanas de 2014, aunque los últimos acontecimientos hacen pensar que, si finalmente Eurovegas acaba por construirse en Madrid, no será tan pronto.
El Gobierno de Ignacio González no tardó en cumplir todas las condiciones impuestas por Adelson para traer a la capital española su ‘macrocomplejo’ de juego, pero había otras que quedaban fuera de sus competencias y dependían del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que se ha mostrado vacilante a conceder al estadounidense lo que quiere.
El punto más conflictivo ha sido el del tabaco. Mientras que el presidente madrileño y sus consejeros no han dejado de presionar al Gobierno central para que cambie la normativa y permita fumar en Eurovegas, aún no han logrado nada. Es más, aunque parecía que todo estaba hecho cuando Mariano Rajoy se reunió con el propio Adelson para hablar del complejo, el Ejecutivo central sigue retrasando el cambio legal alegando que la verdadera causa de la demora son los problemas del magnate estadounidense para encontrar financiación.
Hoy en día el proyecto está en el aire, lo que han aprovechado los detractores de Eurovegas para protagonizar todo tipo de actos contra el complejo de juego: caceroladas en la Puerta del Sol, bicicletadas por Alcorcón e incluso acampadas en los terrenos donde se quieren construir los casinos.
Y respecto a la Educación, Ignacio González tampoco ha tenido un buen año. El presidente decidió suprimir los conciertos de la FP de Grado Superior, lo que hizo que la escuela concertada se rebelase contra el Gobierno regional y los sindicatos docentes convocasen huelgas y manifestaciones durante meses.
Asimismo, muy discutido fue también el cambio en las listas de interinos decretado por la Comunidad de Madrid en marzo, que pasó a exigir el aprobado en las oposiciones y a restar importancia a la experiencia docente. Los sindicatos se alzaron contra esta medida, convocando una huelga que apenas tuvo incidencia y multitud de marchas y concentraciones por el centro de la ciudad y frente a la Consejería de Educación.
Y en medio de todo este lío, González dio la puntilla con la subida de tasas universitarias, de un 20% de media, y a la FP, cuyos precios han sufrido un incremento del 120%. Profesores, padres y estudiantes han protestado contra esta medida y han denunciado el caos que se ha vivido en el inicio de curso, debido al retraso del Gobierno regional a la hora de publicar las listas de interinos que se tenían que incorporar a los colegios públicos. Según ha denunciado la comunidad educativa, la falta de profesores ha provocado que los estudiantes hayan perdido cerca de 12.000 horas de clase.
