La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de suspender cautelarmente la privatización de hospitales de Javier Fernández-Lasquetty ha coincidido con una noticia que ha sorprendido mucho en el seno de la Marea Blanca. La Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM), colectivo que ha logrado la paralización de este proceso gracias a sus recursos, ha decidido cambiar de bufete de abogados ante el “peso” que ha ganado el “proceso penal”. De esta forma, López Rodó & Cruz Ferrer ha cedido el testigo al Estudio Jurídico Liria, relacionado directamente con el ‘caso Bárcenas’. Dos de los abogados de este despacho forman parte de la Junta Directiva de la Asociación Libre de Abogados (A.L.A.), impulsora junto a otros colectivos de la querella contra el extesorero del PP.
Casualidad o no, lo cierto que es que esta ‘coincidencia’ ha hecho pensar a algunos observadores políticos que quizá los médicos podrían estar pensando en relacionar ambos casos. La idea, en principio, no sería descabellada, sobre todo porque la vía penal a la que ha hecho referencia AFEM para justificar el cambio de abogados no es otra que la querella interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, que fue admitida por el magistrado Marcelino Sexmero y que propició la imputación de los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes. En ella los médicos denunciaban presuntas irregularidades cometidas en el proceso para externalizar la gestión de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Torrejón.
Como consecuencia de esta denuncia también fueron imputados dos altos cargos actuales de la Consejería de Sanidad (la viceconsejera Patricia Flores y el director general de Hospitales, Antonio Burgueño), así como los responsables de las empresas que se beneficiaron de la primera fase de las privatizaciones hospitalarias en la Comunidad de Madrid (Capio Sanidad -ahora IDC Salud-, la Fundación Jiménez Díaz, Ribera Salud, Unilabs y Asisa).
Este proceso ha recaído ahora en manos del Estudio Jurídico Liria, que cuenta en su plantilla con dos letrados (Miguel Ángel Muga y Elena Vázquez Núñez) que forman parte de la Junta Directiva de A.L.A. Esta organización es artífice, junto a IU, Ecologistas en Acción, Los Verdes y Asociación Justicia y Soledad, de la denominada ‘querella Bárcenas’.
Una causa que, al poco de iniciarse, puso bajo sospecha las privatizaciones de hospitales de Madrid. En los denominados ‘papeles’ de Bárcenas aparecieron varios apuntes que mostraban cómo las grandes constructoras de cinco hospitales de la región hicieron, presuntamente, diversos ingresos al PP.
Concretamente, las empresas puestas en el ‘punto de mira’ fueron OHL, gestora del Hospital del Sureste (Arganda); Sacyr Vallehermoso, encargada de los hospitales de Coslada y Parla; y Ploder, gestora del Hospital Infanta Leonor (Vallecas). Los presidentes de estas compañías, según los apuntes del extesorero popular, hicieron importantes donaciones al partido coincidiendo con las concesiones de la Comunidad de Madrid para construir dichos centros sanitarios.
Ahora hay quien cree que estos dos asuntos -las privatizaciones de hospitales en Madrid y el ‘caso Bárcenas’- podrían relacionarse, aunque desde AFEM han desmentido tal idea. Patricia Alonso, miembro de la Junta Directiva de la Asociación, ha indicado que la contratación del Estudio Jurídico Liria “no tiene nada que ver” con una posible intención de relacionar ambos casos.
Según ha explicado a EL BOLETÍN, ya pensaron en este equipo jurídico a principios de año, cuando empezaron a buscar un bufete para que les ayudase a frenar las privatizaciones de Lasquetty, aunque finalmente se decantaron por López Rodó & Cruz Ferrer. Y ahora, “al ganar tanto peso el proceso penal, y de acuerdo con la experiencia de estos abogados”, decidieron “contactar con ese equipo porque les daba más garantías”.
Asimismo, desde el Estudio Jurídico Liria, José Luis Muga ha insistido en que relacionar ambos casos sería “harto difícil” porque “no están tratados penalmente dentro del mismo procedimiento”. Tal y como ha explicado el letrado, “no guardan relación” y no es probable que por el momento ambos casos puedan complementarse.
Se trata de “delitos distintos”, ha comentado el abogado. Por un lado están las empresas que aparecen en los ‘papeles’ de Bárcenas, que presuntamente hicieron un donativo para adjudicarse el concurso de los hospitales, y por otro está el tema de las privatizaciones, donde se denuncian irregularidades como la facturación intercentros o las cantidades que ha dejado de cobrar la Administración para beneficiar, supuestamente, a las licitadoras.
No obstante, Muga no descarta que en un futuro puedan relacionarse ambos casos. “Dependiendo de las pruebas y la investigación sobre los hechos” podría llegar, pero es difícil, ha remarcado. El abogado cree que de momento es mejor que sean tratados “de forma separada” porque el ‘caso Bárcenas’ ya es demasiado complejo.
