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Los enfermos mentales acusan a Gallardón de convertirles en "sujetos peligrosos" con su reforma del Código Penal

viernes 05 de julio de 2013, 00:00h
Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia
Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia
Alberto Ruiz-Gallardón se ha convertido en el objetivo de las críticas de los enfermos mentales. La reforma del Código Penal que ha impulsado el ministro de Justicia ha despertado la ira del colectivo porque “equipara la enfermedad mental con peligrosidad y tipifica a la persona con trastorno mental como sujeto peligroso”. Creen que “asociar trastorno mental con peligrosidad es una idea prejuiciosa”.

“En principio todas las personas somos iguales ante la Ley y tenemos los mismos derechos, estemos o no diagnosticadas de un trastorno mental. Con los cambios propuestos en el anteproyecto del Código Penal -pendiente de aprobación-, explícitamente dejaríamos de serlo”. Esa es la crítica que lanza el Colectivo Salud Mental en una misiva recogida en la web de ActivaMent Catalunya Associació, donde critican a Gallardón por convertirlos en “sujetos peligrosos”.

“Asociar el trastorno mental con peligrosidad es una idea prejuiciosa, porque los hechos la desmienten. Sistemáticamente, la investigación señala que somos más objeto de maltrato, discriminación y abusos, que no perpetradores de los mismos”, dice el colectivo en su carta, en la que también cargan contra otros cambios del Código Penal.

Concretamente, los enfermos mentales aseguran que el anteproyecto de Gallardón supone la “pérdida de derechos civiles”, ya que “una persona podrá ser o permanecer encerrada incluso por delitos que no ha cometido, en previsión de los que pueda cometer en el futuro. Actualmente, una persona no puede ser condenada por un acto que no ha realizado”, y “con la reforma, la presunción de posibles delitos será motivo de condena”.

En este sentido, denuncian que en el Código Penal vigente, si una persona es declarada inimputable por motivos de salud mental, no se le puede imponer una pena. En su lugar, se aplica una Medida de Seguridad, que normalmente consiste en un internamiento psiquiátrico que nunca será mayor a la pena que se le hubiese impuesto en caso de ser imputable.

“Con el cambio que propone el anteproyecto, el encierro puede ser perpetuo. Ya no habrá límite temporal a la reclusión en un centro psiquiátrico como Medida de Seguridad”, y “una persona con un diagnóstico de salud mental que ha cometido un delito, independientemente de la gravedad del mismo, puede permanecer en un centro psiquiátrico indefinidamente, incluso de por vida”, critica el colectivo.

Y respecto a la Libertad Vigilada, denuncian que se imponga la vigilancia de la persona tras el fin del internamiento. “Como el encierro, también es prorrogable de manera indefinida” cuando hasta ahora, una vez que se cumplía el tiempo equiparable a la pena, la aplicación de las medidas de seguridad impuestas se acababa.

Por último, cargan contra el Tratamiento Médico Forzoso que impone el anteproyecto de Gallardón. La obligación de someterse a un tratamiento ambulatorio involuntario, como todas las medidas de seguridad anteriores, también puede ser aplicada a perpetuidad, dice el colectivo. “Actualmente, la negativa de la persona al tratamiento médico no se considera incumplimiento de las medidas de seguridad”, mientras que con el nuevo Código, toda persona diagnosticada que se encuentre bajo libertad vigilada podrá ser forzada a presentarse de manera regular y periódica ante un médico, psiquiatra o psicólogo y a medicarse”.

El colectivo de enfermos mentales consideran que la norma de Gallardón se basa “en prejuicios y estereotipos discriminatorios” y creen que contiene “decisiones omnipotentes, unos efectos de poder indeterminables y unos recortes de las libertades individuales y colectivas que violan los derechos humanos fundamentales”.

Es más, consideran que “teniendo en cuenta que la peligrosidad es un concepto especulativo, atribuido arbitrariamente y que no necesita basarse en hechos para aplicarse, puede servir, en un contexto de descontento y contestación social como el actual, para criminalizar y neutralizar la disidencia”.

Por ello, exigen al ministro de Justicia “no regresar a una legislación franquista, al Código Penal de 1973 o a versiones anteriores” y que se olvide “del control penal de los colectivos socialmente más vulnerables”.
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