El ‘ruido’ que han despertado las asociaciones ultracatólicas en la Convención Nacional del PP para que Mariano Rajoy lleve en su programa la derogación de la Ley del aborto ha provocado que el entorno del presidente popular se manifieste públicamente al respecto y aseguren que recuperarán la norma que regía España desde la ‘era de Felipe González’. “Con la anterior ley es más que suficiente”, ha desvelado el líder de los populares de Canarias y posible nuevo ministro en un Gobierno de Rajoy si este llega a La Moncloa, José Manuel Soria.
La campaña de acoso que, tal y como desveló EL BOLETIN, iniciaron ayer varios colectivos ultracatólicos liderados por Hazte Oír y Derecho a Vivir con movilizaciones en las puertas del Palacio de Congresos de Málaga al mismo tiempo que el PP celebraba su última convención antes de las generales no ha tenido el éxito esperado. Sus exigencias a que Rajoy derogue la actual Ley del aborto y haga una norma más estricta se han quedado en agua de borrajas cuando, en una entrevista en la SER, Soria detallaba la posición de la dirección nacional del PP en este asunto. Una postura que se resume en rescatar la herencia de Felipe González.
La norma sobre la interrupción del embarazo que vio la luz en 1985 podría resucitar de la mano de Rajoy si se alza con la victoria en la cita en las urnas del 20 de Noviembre. Unos planes que el propio presidente popular desveló el pasado abril en esta misma emisora. “Hay que cambiar la Ley del aborto y volver a la anterior, la que hizo Felipe”, aseguró el dirigente popular.
Estas palabras desataron las protestas en las asociaciones ultracatólicas que recordaron los altos datos de abortos que se daban con esta norma.
Datos estables.
Precisamente, en medio de este debate, la directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, María José Pérez-Cejuela, ha desvelado que durante el año pasado, primer año de entrada en vigor de esta ley, se registraron 24.451 abortos, cifra muy similar a los 24.334 de 2009. Unos datos que hacen pensar a la directora que la implantación de esta norma “no parece haber tenido una magnitud importante” sobre los abortos en la región, según Europa Press.
