La dirección nacional del PP ha reconocido a EL BOLETIN que no tiene en su poder “pruebas de escuchas ilegales” a miembros de su partido como han denunciado en los últimos días altos cargos populares como María Dolores de Cospedal y, hoy mismo, Federico Trillo. “Sí que tenemos una grabación de Camps en la que se le comunica que Garzón se va inhibir en favor del Tribunal de Valencia, pero esta no sería una prueba, sino sólo demuestra que el procedimiento no fue el normal” han asegurado fuentes de Génova en relación a las declaraciones de Trillo en una entrevista a Onda Cero.
El responsable de Justicia del PP ha asegurado que la grabación a Camps era una prueba de escuchas ilegales. Afirmación que ha sido negada por la propia dirección del PP. Y es que, como han reconocido estos representantes, “Federico se ha puesto a hablar” y se ha dado por cierto “que tenemos pruebas de estas escuchas, cosa que no tenemos”.
Varias veces Génova ha querido aclarar las palabras del responsable de Justicia y es que, los populares sólo tienen sobre la mesa “el procedimiento extraño con el que el presidente de la Comunidad valenciana, Fracisco Camps, conoció el paso de su causa desde la Audiencia Nacional al Tribunal de su región.
Tal falta de pruebas tiene el PP sobre las afirmaciones vertidas por Cospedal que aún se encuentran “valorando” a qué institución europea van a presentar, si es que logran encontrar alguna grabación que respalden sus críticas, la denuncia que anunció la semana pasada el líder de los populares andaluces, Javier Arenas.
Estas declaraciones se producen el mismo día en que Mariano Rajoy rompía su silencio, seis días después de que María Dolores de Cospedal acusara al Gobierno de ‘espiar’ a los dirigentes del PP.
En una comparecencia pública durante un acto en Pontevedra, el presidente del PP ha asegurado que él y todo el partido respaldan las declaraciones de la secretaria general de la formación. Sin embargo, en ningún momento se ha referido a las presuntas escuchas ilegales por parte del Gobierno a altos cargos de su partido y cuando se le ha preguntado reiteradamente al respecto sobre si tiene intención de denunciarlas ante la Justicia, se limitó a señalar “ya veremos lo que hacemos”, rechazando más preguntas referentes a este asunto. También recordó que tienen puestas varias denuncias en los tribunales, aunque éstas sólo se refieren a las filtraciones del sumario.
Así, Rajoy sólo comentó las filtraciones del sumario del ‘caso Gürtel’, la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de los contratos de la FEMP cuando Rita Barberá era presidenta y la detención de varios miembros del PP en Baleares. Todos estos asuntos suponen, en su opinión, “inadmisibles e inaceptables ataques” al PP y responsabilizó de ellos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien exige “explicaciones convincentes”.
Rajoy insistió, además, en que su partido está sufriendo una especie de “inquisición” y por ello ha dado orden al Grupo Parlamentario Popular para que solicite las comparecencias del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la vicepresidenta primera De la Vega y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. En este sentido, el líder del principal partido de la oposición señaló que quiere que expliquen por qué “se ha tratado de manera diferente” a los militantes del PSOE y los del PP y por qué ha habido filtraciones de sumarios secretos que han dado lugar a “juicios paralelos” a dirigentes de su partido.
A pesar de las acusaciones, Rajoy quiso dejar claro que confía en la Justicia y en las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no en sus responsables políticos y citó a Rubalcaba y a Cándido Conde-Pumpido.
Sobre las detenciones de miembros del PP en Baleares, Rajoy calificó de “infames” las imágenes de los mismos esposados y ha reclamado a Rubalcaba que cese a los responsables de esta situación.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se refirió a las acusaciones de María Dolores de Cospedal durante una rueda de prensa celebrada hoy con motivo del operativo en Palma de Mallorca tras los últimos atentados de ETA.
El titular de Interior fue muy duro al calificarlas de “disparate” e “infamia gravísima” que no puede suceder en democracia. Así, señaló que el Gobierno ha sido muy prudente porque esperaba que hubiera una rectificación o que se presentaran pruebas ante los tribunales. Sin embargo, según Rubalcaba, lo que ha habido es una “ratificación”.
Y ante esto, Rubalcaba quiso dejar claro que la acusación es “rotundamente falsa” y destacó la “escenificación” de las declaraciones de Cospedal “en la playa”. En su opinión, estas acusaciones forman parte de una “estrategia de comunicación” del PP para distraer la atención sobre los casos de “presunta corrupción” en su partido y cree que su objetivo es “amedrentar a la gente”. Entre ellos, a los policías, a los jueces, a los fiscales y en general al Estado de Derecho y eso “en democracia no vale”, concluyó. Preguntado sobre si el Gobierno va a llevar el asunto a los tribunales, Rubalcaba reconoció que no es partidario de esa medida porque “los políticos tenemos nuestros ámbitos”, como el Parlamento o las ruedas de prensa.
Respecto al caso de Baleares, Rubalcaba señaló que el delegado del Gobierno había ordenado que no se les esposara y que la detención se llevara a cabo con discreción, una orden que ha reconocido no fue cumplida y por tanto se está nivestigando el por qué y quienes son los responsables.
