Los afectados por los Préstamos Renta Universidad, que se endeudaron para poder estudiar postgrados, han cargado contra los bancos por amenazarles con un litigio judicial para que paguen. Este colectivo recuerda lo que sostiene el Ministerio de Educación, que dice que los fondos destinados a los préstamos son de los bancos y que la Administración actúa como avalista frente a posibles impagos, por lo que instan a las entidades financieras a reclamar estos fondos al avalista y no al prestatario final que “no cumple con los requisitos de devolución estipulados en los contratos”.
Tal y como recuerdan los afectados, en 2007 se lanzó este programa que ofrecía una nueva línea de financiación para personas que desearan realizar cursos de postgrado y no tenían disponibilidad económica para ello. En aquel momento se estipuló que el interés del préstamo sería del 0% y se incluía la posibilidad de prorrogar su amortización si no se superaba una renta anual de 22.000 euros (y si se mantenía así 15 años desaparecía la deuda).
Estas condiciones animaron a muchos jóvenes a lanzarse a pedir dicho préstamo, pero fueron endureciéndose en las siguientes convocatorias hasta llegar al curso 2010/2011, donde se eliminó por completo el límite de los 22.000 euros de renta anual para poder prorrogar su amortización. Es decir, en ese momento se estipuló que los jóvenes deberían devolver el préstamo aunque no se encontrasen trabajo.
Y ahora, dicen, la situación para muchos de los jóvenes a los que se les concedieron los préstamos es “dramática”, ya que a pesar de su formación son incapaces de encontrar trabajo y de hacer frente a sus deudas.
Por ello, según denuncian, los bancos no sólo les están presionando y amenazando con un proceso judicial, sino que también les han ofrecido nuevos créditos privados para refinanciar estas deudas. Algo que ellos dudan que puedan hacer, por lo que han exigido al ministro de Educación, José Ignacio Wert, al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a las entidades financieras que hagan públicos los convenios de colaboración para saber si la banca tiene potestad para realizar estas operaciones.
Los afectados quieren saber “hasta qué punto tienen potestad los bancos para refinanciar las deudas con nuevos préstamos o, incluso, a proceder con acciones judiciales sin consentimiento del prestamista final, el Estado”.
Asimismo, el colectivo se ha quejado de la “falta de transparencia” que han mostrado las tres partes implicadas en el asunto a la hora de informar a los afectados sobre el origen de los fondos y la competencia de cada entidad. Según denuncian, “ninguno de los agentes” ha accedido “a hacer públicos estos datos”.
Fuentes del departamento que dirige Wert indicaron hace unos días que el dinero lo pusieron los bancos y que el Ministerio sólo hizo de intermediario para que los estudiantes tuvieran buenas condiciones, aunque los afectados aseguran que “esta afirmación es rotundamente falsa” porque según los datos registrados en el Boletín Oficial del Estado, “los fondos de todas las convocatorias provienen de partidas presupuestarias concretas de los Presupuestos Generales del Estado”.
Este dinero fue traspasado al ICO para, más tarde, ser cedido a las entidades de crédito colaboradoras con el fin de formalizar los préstamos, y el BOE “especifica claramente un total de 450 millones de euros más una cuantía adicional para pagar los intereses acumulados durante el periodo de carencia, una cuantía que en algunos casos las entidades bancarias están cobrando a los estudiantes, incumpliendo el contrato”, aseguran desde la Plataforma.
