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Carmena prohibirá que empresas con cuentas en paraísos fiscales participen en concursos públicos

martes 25 de octubre de 2016, 00:00h
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid exige a las compañías una “declaración de que no han realizado operaciones financieras ilegales en cuentas bancarias domiciliadas en paraísos fiscales”.
El Ayuntamiento de Madrid le ha declarado la guerra a los paraísos fiscales. El delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado este martes que el Consistorio que dirige Manuela Carmena incluirá un requisito extra a las empresas que opten a los contratos públicos. Las compañías que opten a estos concursos “deberán presentar una declaración de que no han realizado operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domiciliadas en paraísos fiscales”.
 
“Se trata de un primer paso, dentro de las competencias municipales, que debería ir acompañado de una normativa estatal decidida contra los paraísos fiscales”, afirma el Consistorio. Una forma de elevar las exigencias en la contratación pública que para Sánchez Mato es “uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas”.
 
De esta manera, el Ayuntamiento de Madrid suma un nuevo requisito a su lista de exigencias para los participantes en los concursos públicos. Como ha recordado el concejal de Ahora Madrid, en septiembre de 2015 ya se “modificó el decreto sobre la contención del gasto en el ámbito de la contratación para que ésta se guiara más por la calidad que por el precio más bajo, y tuviera más en cuenta la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo”; sin olvidar “las cláusulas sociales en sus contratos de servicios y compra de suministros”.
 
Esta medida del Consistorio llega el mismo día en el que Intermón Oxfam ha presentado la campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales (ZLPF) con el objetivo de que las instituciones públicas, como ayuntamientos y diputaciones, incorporen en sus políticas de contratación pública criterios que incentiven un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras.
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