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Acabar con la lista de espera de la dependencia costaría 2.500 millones de euros

lunes 15 de agosto de 2016, 00:00h
Dependencia
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CCOO denuncia que hay un 30,97% de dependientes con derecho a prestación que aún no reciben las ayudas.
El dinero que destina el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para la atención a la dependencia no es suficiente para atender a los nuevos beneficiarios a los que ya se les ha reconocido el derecho a una prestación.
 
Hay 450.000 dependientes en lista de espera por lo que el sistema que se creó para proteger a estas personas en especial situación de vulnerabilidad parece abocado a una situación permanente de fragilidad, por lo que no es de extrañar que, según el último Barómetro del CIS, el 67,3% de los españoles considere que se destinan “muy pocos” recursos de los presupuestos a las  personas dependientes.
 
Esto es lo ha que denunciado CCOO esta semana, tras criticar que “la ausencia de un compromiso firme y suficiente del Estado central para colaborar con las Comunidades Autónomas a fin de garantizar el nivel de financiación adecuado para atender a las personas en situación de dependencia, hace que el proceso de recuperación en la implantación del Sistema de Dependencia, que se inició tras las Elecciones Autonómicas de mayo de 2015, comience a dar síntomas de debilidad”. Una evolución que tiene como síntomas más preocupantes la reducción del ritmo de nuevos beneficiarios y la ralentización de la reducción de la lista de espera.
 
La Secretaría Confederal de Protección Social y Políticas Públicas de este sindicato considera, y así lo viene advirtiendo, que “el principal reto al que se enfrenta el Sistema de Dependencia radica en la garantía de un compromiso firme de financiación que permita asegurar la atención de todas las personas en situación de dependencia que aún no perciben prestaciones”, aproximadamente 450.000 personas, de los que 371.601 son beneficiarios reconocidos ya como dependientes que se encuentran a la espera de que se les asigne una prestación efectiva, a los que habría que sumar las personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia y que aún están a la espera del dictamen
 
Según asegura el sindicato “para atender a la esta lista de espera, la única garantía presupuestaria adicional a los recursos de los que ya dispone el Sistema, se encuentra recogida en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el nivel mínimo, pero se limita a unos 200 millones de euros adicionales cuando  CCOO calcula que “el coste real de la atención de estos 450.000 nuevos dependientes rondaría los 2.500 millones de euros, de modo que la única garantía presupuestaria existente apenas supone el 8% de lo que realmente se necesita”.
 
La organización sindical hace notar que “tras las elecciones autonómicas, los nuevos gobiernos de las CCAA concentraron sus esfuerzos en retomar el proceso de implantación del Sistema de Dependencia, y, fruto de ello, en la segunda mitad de aquel año el número de nuevos beneficiarios creció a un ritmo del 12,37% (92.162 nuevos dependientes atendidos). Sin embargo, en lo que llevamos de 2016 este ritmo se ha reducido a menos de la mitad y apenas se sitúa en el 5,18% (41.212 nuevos beneficiarios)”.
 
Para CCOO, la lista de espera es probablemente el problema más grave que presenta el Sistema de Dependencia. Actualmente el número de beneficiarios reconocidos con derecho a la atención pero que se encuentran a la espera de una prestación efectiva asciende a 375.601 personas (el 30,97% del total), lo que significa que casi 1 de cada 3 dependientes no tiene todavía atención del Sistema.
 
Reconoce que tras las elecciones de mayo de 2015 todos los nuevos gobiernos autonómicos concentraron sus esfuerzos en reducir este fenómeno, y en la segunda mitad de aquel año se redujo la lista de espera en más de 58.000 personas, una minoración del 13,43%. Sin embargo, durante 2016 este ritmo se ha ralentizado y en los primeros siete meses de año sólo se ha reducido en 8.725 personas, una reducción de tan sólo el 2,27%. De hecho, de mantenerse constante el ritmo de reducción de la lista de espera de los últimos meses serán necesarias décadas para atender a todas estas personas.
 
Además, la Secretaría Confederal de Protección Social y Políticas Públicas Resulta da cuenta de la circunstancia alarmante de que “en lo que llevamos de 2016, uno total de cuatro Comunidades Autónomas hayan incluso aumentado su lista de espera, como es el caso de Andalucía (13,2%), Cataluña (11,7%), País Vasco (6,7%) y Extremadura (0,3%)”.
 
Prestaciones más ‘baratas’
 
Además, CCOO alerta igualmente que “la forma en la que se está atendiendo a los nuevos beneficiarios también es motivo de preocupación, ya que está comenzando a resurgir el fenómeno de la prestación económica de cuidado familiar que, recordemos, es mucho más barata que un servicio profesional”.
 
Explicando que “si bien en la segunda mitad de 2015 fue generalizada la reducción de este tipo de prestaciones en la práctica totalidad de territorios, durante los primeros siete meses de 2016 han sido nueve Comunidades Autónomas las que han registrado un incremento de la prestación económica de cuidado familiar superior al de los servicios profesionales. Es el caso de Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y País Vasco.
 
Por ello, CCOO insiste en la necesidad de que los futuros Presupuestos Generales del Estado para 2017 recuperen el nivel acordado de financiación del Sistema de Dependencia, “suspendido por el Gobierno del Partido Popular desde el año 2012”, proponiendo que “la dotación de este nivel acordado de financiación se oriente, por acuerdo entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, de modo que sirva para garantizar una prestación de servicios a todas las personas que se encuentran aún en lista de espera”. Advirtiendo que si no se toman medidas en esta dirección, “la recuperación del Sistema de Dependencia está en riesgo puesto que las Comunidades Autónomas son conscientes de que deberán asumir en exclusiva todo el nuevo gasto que no sea cofinanciado por el Estado”.
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