El gobierno provisional de Michel Temer rescata a la sede de los juegos a condición de que privatice su empresa pública de aguas. A falta de dos semanas para la inauguración de los Juegos Olímpicos en Brasil continúan los movimientos de implicaciones sociales controvertidas en un evento ya de por sí polémico, no solo por el virus del Zika. El pasado mes de junio el gobernador del estado de Río de Janeiro, Francisco Dornelles, declaró el estado de emergencia financiera y pidió apoyo al gobierno central para evitar “un colapso total” de los servicios públicos en materia de seguridad, sanidad, educación y transportes en plena celebración olímpica en la ciudad de Río.
La falta de fondos es uno de los grandes problemas que estalla en manos del gobierno provisional de Michel Temer, en el poder desde el juicio político que acabó con la presidencia de Dilma Rousseff y en medio de una grave crisis económica en el país. No en vano se prevé que la economía brasileña se contraiga en torno al 4% este año, como consecuencia de la caída de precios de materias primas, la baja demanda de China o la grave parálisis política y la corrupción.
Ante el desafío presupuestario añadido que suponen los Juegos Olímpicos, Temer decidió conceder un crédito de emergencia para su sede, sin fondos para afrontar las millonarias infraestructuras previstas en el evento y para atender, mediante servicios públicos, a los miles de visitantes que recibirá la ciudad. Entre esos grandes desembolsos, la construcción de una línea de metro para trasladar a los aficionados hasta los distintos centros deportivos.
Sin embargo, el recate se condicionó a la privatización de la empresa pública de agua y saneamiento de Río de Janeiro, la Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). La privatización de un servicio tan básico como el agua en la sede olímpica es un precio social que se suma a los recortes estatales en los presupuestos de sanidad, seguridad y educación, con fuertes huelgas de docentes y médicos y ocupaciones de escuelas y hospitales, durante el último año.
No obstante, la calificación de “estado de calamidad” de las finanzas del estado es una estrategia política para que Temer pueda mover fondos hacia los estados sin la aprobación presupuestaria ordinaria. El presidente interino acordó desembolsar el rescate a Río para cubrir su déficit y garantizar los JJOO. Además, su Ejecutivo defendió que la mayoría de los proyectos políticos han sido financiados por empresas privadas y que la ciudad de Río está en una posición financiera más fuerte que el global del estado que la engloba. Se espera más de medio millón de visitantes y aficionados durante los juegos, una afluencia ante la que preocupan principalmente los recortes en seguridad y el aumento de la violencia en el país en los últimos meses.
«La ciudad de Río está en buena forma financieramente», aseguraba a The Guardian el alcalde de la capital brasileña, Eduardo Paes, defendiendo que “incluso en un momento de crisis” la ciudad está a la altura del esfuerzo e inaugurar instalaciones “casi todas las semanas”.
Pero el agua en Río de Janeiro no es la única víctima de la crisis y los esfuerzos financieros del país: en Sao Paulo se pretende dejar en manos de la iniciativa privada la línea 15 del metro, una obra presupuestada unos 2.000 millones de dólares y que tras seis años de atrasos apenas ha conseguido inaugurar dos de los 26 kilómetros previstos.
También se proyectan operaciones de privatización en el estado de Río Grande do Sul, con el paso a manos privadas de la Compañía Estadal de Energía Eléctrica (CEE) y la Sulgás, mientras que en el estado de Minas Gerais también podrían privatizarse las empresas proveedoras de energía eléctrica (Cemig) y de gas (Gasmig), según Sputnik.
