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Mas defiende que "ni desobedecimos ni prevaricamos" con la consulta del 9N

martes 05 de julio de 2016, 00:00h
Artur Mas, expresidente de la Generalitat
Artur Mas, expresidente de la Generalitat
El expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau han recurrido su procesamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Artur Mas, expresidente de la Generalitat
Artur Mas, expresidente de la Generalitat
El expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau han establecido su estrategia judicial. El primer paso ha sido recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ Cat) de dejarles a las puertas de ir a juicio por la consulta del 9N. Los políticos han insistido en una línea: "ni desobedecimos ni prevaricamos".

De hecho, las dos exconselleras han reclamado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ CatSal el archivo de la causa al entender que se están exigiendo "responsabilidades criminales a los legítimos representantes de un gobierno democrático por su actuación política vehiculada de manera responsable, cívica y pacífica". Por su parte, Mas ha recalcado que su causa tiene un "contenido marcadamente político".

La defensa del expresidente concluye que la decisión del TSJCat sólo puede alcanzarse desde una "precomprensión" de los hechos que evidencia un "determinado sesgo cognitivo", al no dar crédito el magistrado a la tesis esgrimida por los tres acusados, en el sentido de que dejaron el proceso de participación ciudadana en manos de voluntarios tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2014.

Mas ha querido recordar que la instrucción del caso ha demostrado, según el escrito de su defensa, que los tres acusados no sólo no desobedecieron al TC, ni prevaricaron, sino que el gobierno catalán "interrumpió efectivamente" la organización y gestión de la consulta "sin hacer dejación de ninguna de las funciones legales encomendadas a la Generalitat con respecto al orden público, la seguridad de las personas, el derecho de información de los ciudadanos y la gestión de los sistemas informáticos públicos".
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