La Plataforma por el Derecho a la Ciudad, integrada por 22 asociaciones, exige al nuevo Gobierno acabar con las “ambiciones especulativas” de varios organismos institucionales que dañan a la ciudad. Un total de 22 asociaciones englobadas en la Plataforma por el Derecho a la Ciudad han dicho basta ante las prácticas especulativas que aprecian, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, en Madrid. Bajo la exigencia de defender “el derecho a hacer ciudad, no a hacer caja”, las organizaciones recuerdan que la Administración Central es titular de suelos e instalaciones públicas “en desuso en muchas de las actuaciones urbanísticas de la ciudad de Madrid, inmersas en fuertes polémicas”.
Es por ello que un total de 10 asociaciones de vecinos de barrios de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y otras 11 entidades como Ecologistas en Acción o Grama (Grupo de Acción por el Medio Ambiente) han refrescado, ante la cercanía de las elecciones generales, su Pacto Contra la Especulación y Por el Derecho a la Ciudad al que se suscribieron, hace unos meses, Ahora Madrid, Izquierda Unida y el PSOE.
En el documento de sus exigencias, reclaman al nuevo Gobierno que se asiente en La Moncloa tras el 26-J una serie de reivindicaciones como la protección del patrimonio histórico de la capital, acabar con los contratos programa –que fomenta la especulación-, apostar por una función social del urbanismo o hacer efectivo los derechos a la vivienda y a la ciudad.
Para la Plataforma por el Derecho a la Ciudad una de las primeras funciones que debería hacer el nuevo Ejecutivo, una vez que mire a Madrid, sería “revertir la política del Ministerio de Hacienda” que, apoyándose a la Dirección General del Patrimonio, según la agrupación, actúa de “agente inmobiliario” con el fin de recalificar y vender sus bienes “al mejor postor” . Y para muestra, un botón, habrá pensado el colectivo: “Como ocurre con el Parque Móvil de Madrid en Cea Bermúdez, el solar de las Adoratrices en Padre Damián-Alfonso XII, terrenos junto al intercambiador de Ciudad Jardín, el Hospital del Generalísimo en Isaac Peral…”, contabiliza la plataforma.
Otra de los ‘deberes’ que exigen al Ministerio de Hacienda tiene que ver con esos contratos programas que “obliga” a organismos públicos a obtener parte de su presupuesto anual “a través de la recalificación y venta de patrimonio para usos lucrativos privados”. Unas obligaciones que, actualmente, afectan a instituciones como ADIF e Invied, entre otros. “Esta práctica ha llevado a que los distintos organismos, para maximizar sus ingresos, hayan desarrollado ambiciones especulativas”, denuncian los colectivos vecinales y ecologistas.
Repensar la ‘Operación Chamartín’
Desde la Plataforma por el Derecho a la Ciudad ven fundamental que, tanto el Parlamento como el Gobierno, apoyen la formulación de grandes operaciones urbanísticas en Madrid como las de Chamartín o Campamento: uno de los reclamos que ha hecho también Manuela Carmena.
“Estas prácticas se han extendido a la Comunidad de Madrid, que especula asimismo con el patrimonio público, provocando que muchas de sus empresas con suelo o instalaciones a remodelar (Canal de Isabel II, Metro, ARPEGIO, IVIMA), y otros suelos como las vías pecuarias, que se encuentran en distintas áreas de desarrollo urbano, se utilicen con fines especulativos más que para mejorar las condiciones de vida de los barrios del entorno o las nuevas actuaciones. En este caso se encuentran: las cocheras de metro de Cuatro Caminos y Ventas, así como terrenos incluidos en las actuaciones de Campamento, Operación Chamartín, los PAU del Sureste, como Berrocales”, recalca el colectivo.
Defender Plaza España y un parque de viviendas público
Otra de las polémicas que han girado en torno a Madrid ha sido la venta de Plaza España al magnate chino Wanda. Un asunto que no ha pasado desapercibido para las asociaciones que instan al Gobierno a plantar cara y “defender el patrimonio histórico y natural como la de Canalejas, Plaza España y Colonia Jardín”.
Pero si la especulación y Madrid están ligadas es con la vivienda pública. De ahí que la Plataforma por el Derecho a la Ciudad marca una línea roja al nuevo Ejecutivo en el que apueste por “hacer efectivos los derechos a la vivienda y a la ciudad”. También ven fundamental “la creación de un parque de vivienda pública en alquiler en toda la ciudad, preferentemente a partir de viviendas ya existentes y propiedad de la banca intervenida o de la Sareb”.
Unas exigencias que se cierran dedicando un apartado a “fomentar y priorizar la inversión en la movilidad en transporte público frente al privado”.
En total, 22 asociaciones que han recuperado sus medidas para Madrid a breves días de la decisión de los ciudadanos. Una Plataforma por el Derecho a la Ciudad está formada por Auditoría municipal y participación ciudadana Chamartín, AV Aluche, AV Carabanchel Alto, AV Nudo Sur (Arganzuela), AV Nuevo Legazpi, Av Pasillo Verde-Imperial, AV San Nicolás Dehesa de la Villa, AV Solidario Cuatro Caminos-Tetuán, AV Valle Inclán Prosperidad, AV Valverde de Fuencarral, 15-M Chamberí, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Club de Debates Urbanos, Ecologistas en Acción de Madrid, El Organillo, Entorno Meaques Retamares/Plataforma Salvemos Campamento, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Grama (Grupo de Acción por el Medio Ambiente), Huerto de Batán y Corredor Ecológico de los arroyos y los retamares del Suroeste de Madrid, AV Parque Sí en Chamberí, Plataforma Salvemos la Casa de Campo, Corazón Verde en Chamberí.
