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El socio privado siempre gana: las empresas beneficiarias de la gestión de Botella y Gallardón

domingo 29 de mayo de 2016, 00:00h
Alberto Ruiz-Gallardon junto a Ana Botella
Alberto Ruiz-Gallardon junto a Ana Botella
La participación privada en importantes servicios públicos de la capital ha resultado lesiva para las arcas municipales en los peores años de la crisis.
Alberto Ruiz-Gallardon junto a Ana Botella
Alberto Ruiz-Gallardon junto a Ana Botella
Los desaires de la crisis económica han golpeado a cientos de empresas e iniciativas privadas, al margen del doloroso efecto sobre los hogares y los servicios sociales. Pero hay excepciones, y la capital atesora buenos ejemplos. La gestión mixta ha hecho triunfar a la parte privada en proyectos públicos notables del Madrid de las dos últimas décadas, y en al menos tres casos a costa de las arcas públicas. Hablamos de la funeraria, los túneles de la M30 y Mercamadrid.

Tras 23 años con un diseño público-privado, Ahora Madrid anunció que la Empresa Mixta de Servicios Funerarios volvería a manos públicas en 2016, y hace apenas unos días se aprobó iniciar la remunicipalización del servicio. Durante esas dos décadas, y según datos del actual equipo de gobierno, la empresa Funespaña, adquirida por Mapfre, consiguió un beneficio de 63,8 millones de euros con una inversión de 1,2 millones.

La “legítima” rentabilidad de la empresa, en palabras del concejal de Economía Carlos Sánchez Mato, ha quedado enturbiada por una dudosa gestión de lo público que se ha eternizado en el tiempo: varias sentencias denunciaron daño al interés público con la privatización parcial de la funeraria, que dejó en manos de Funespaña el 49% de la sociedad por 100 pesetas en 1992. En 2008, la Audiencia de Madrid afirmó que la operación se realizó con esas condiciones “gracias a la influencia de los beneficiarios en el Ayuntamiento de Madrid. La sentencia concluía que Funespaña debió pagar 1.236 millones de pesetas "si se hubieran hecho los controles necesarios”, sostiene el responsable económico del equipo de Manuela Carmena en esta tribuna en El Confidencial.

Según su explicación, en los años inmediatamente anteriores a la venta, “la empresa pública llevó a cabo importantes inversiones, de casi 10.000 millones de pesetas”. Añade que solo unas semanas después de la privatización parcial, el gobierno del PP propuso la condonación de la deuda que mantenía la funeraria con el Ayuntamiento, de unos 13 millones de euros, y dos años más tarde la sociedad mixta arrojaba unos beneficios de seis millones de euros.

La sociedad en la que todo parecía 'a pedir de boca' para la empresa se mantuvo con los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, pero continuaron las sombras en la gestión de lo público: en 2012 la Fiscalía denunció indicios de prevaricación en las compras de la sociedad mixta, que durante unos quince años compró ataúdes y urnas a su socio privado sin publicidad ni concurrencia.

El balance del servicio funerario se cierra, según un informe privado solicitado por Botella, con una falta de inversión de unos 24 millones en obras por falta de mantenimiento en todo el periodo. “Ha sido un negocio seguro y rentable para el socio privado que solamente es posible si va unido al elevado coste público que le supone al Ayuntamiento de Madrid mantener este modelo de gestión. Porque mientras recibía dividendos y el canon por gestión, el socio privado no se ocupó del adecuado mantenimiento de los cementerios y del resto de infraestructuras de la empresa mixta”, critica el actual concejal de Economía.

El túnel de la M30 a las arcas públicas

La obra emblemática de la era Gallardón protagoniza otro episodio revelador. Sin entrar a fondo en las consideraciones sobre la magnitud de la infraestructura y de la deuda que acarreó para la capital, lo cierto es que la sociedad Madrid Calle 30 desembolsó entre 2005 y 2014 algo más de 500 millones de euros en impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado, EMESA, sociedad participada mayoritariamente por Ferrovial y Dragados.

De todo ese monto, al menos 40 millones de euros desde 2005 se fueron a manos de EMESA en concepto de beneficio neto. El actual equipo de Gobierno entiende que la sociedad mixta de los túneles saca a las arcas municipales “impuestos que podrían haberse ahorrado si el Ayuntamiento hubiera asumido la obra y posterior mantenimiento y gestión de infraestructuras”.

Independientemente del trato que arroja beneficios a las cuentas privadas, las últimas informaciones sobre los contratos para gestionar los túneles hablan directamente de irregularidades, sobrecostes y duplicidades: durante esta semana se ha conocido que el consistorio ha pagado alrededor de 1,5 millones de euros por el mantenimiento de una sola estación meteorológica valorada en unos 700 euros, y que se ha gastado 3,3 millones de euros por una red de semáforos que no existe.

Hace meses se publicaba también que el Ayuntamiento hastó unos 50 millones de euros en sufragar las facturas de la luz de todas las instalaciones de la circunvalación de la capital cuando, según los pliegos, correspondían a la sociedad de Dragados y Ferrovial. Solo en 2015 se pagaron más de 5 millones por este concepto.

Once millones al año perdidos en Mercamadrid

Aunque la participación estrictamente privada es la menor parte en la plataforma alimentaria, la Empresa Mixta Mercamadrid ha estado en la picota por gestionar su capital de forma lesiva para lo público. El Ayuntamiento posee el 51% de sus acciones, quedando otro 48% en manos de la sociedad Mercasa, dependiente del SEPI . Ahora Madrid anunció hace unos meses su voluntad de poner en conocimiento de la fiscalía un informe que apunta a “la difícil justificación de unos acuerdos, en principio lesivos para la sociedad, en torno al alquiler de unas naves”.

Con esta operación, el consistorio que Mercamadrid pierde anualmente el 10% de su beneficio anual, que se traduciría en más de 11 millones de euros pagados por unas naves a las que no se da uso.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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