Los populares alardean de haber reducido a la mitad el número de personas que esperaban a ser atendidas desde 2011 hasta 2014, pero la cantidad de ayudas concedidas es prácticamente la misma. El PP ha querido reivindicar una victoria demasiado espinosa para defender su renovación al frente del Gobierno: Mariano Rajoy se apunta logros en la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia, que él mismo calificó de inviable antes de llegar a La Moncloa. Ahora, con los datos de Sanidad actualizados a fecha de octubre de 2015, los números cuestionan que haya algo que celebrar.
Según uno de los vídeos de campaña del PP, “se han reducido en un 50% las listas en discapacidad”. Se refiere a que, desde el inicio de la legislatura y hasta diciembre de 2014, “la lista de espera de dependientes severos y grandes dependientes ha pasado de 305.941 personas a 141.668”, tal como confirman fuentes de Sanidad a este medio.
Pero la caída esconde una macabra lectura: en 2014 solo hay un 0,9% de beneficiarios más, lo que significa que más de 100.000 personas que ya no están en la lista de espera han fallecido en ese intervalo, y que el único logro del PP ha sido mantener las cifras previas a la toma de posesión. No en vano, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recuerda que son más de 100.000 las “personas fallecidas sin recibir las atenciones a las que tenían derecho reconocido” durante el Gobierno del PP.
Pero los datos empeoran si tenemos en cuenta los números de 2015. Una semana después de que se publicase el vídeo de campaña del PP, la plataforma de especialistas en la Ley de la Dependencia publica un nuevo informe, que recoge los efectos de la entrada en el sistema de los “dependientes moderados” el pasado mes de julio y que Rajoy había aplazado hasta en dos ocasiones. La lista de espera no había disminuido nunca en términos reales, pero además, los datos de este ejercicio evidencian un mayor atasco del sistema con la entrada de unos 300.000 nuevos solicitantes.
En 2012 el Ejecutivo aprobó un Real Decreto que supuso el mayor tijeretazo al programa implantado por el anterior Gobierno socialista. “Un recorte acumulado en cuatro años del Gobierno de más de 2.000 millones de euros”, según el informe, que se ha traducido en 105.197 peronas menos valoradas como dependientes, 64.000 grandes dependientes menos y 400.000 personas en lista de espera tras la entrada de los dependientes moderados.
“No existe ni un solo dato oficial que pueda corroborar las triunfalistas afirmaciones del Gobierno que intentan argumentar una mejora del Sistema y la salvación de su sostenibilidad. Incluso el dato de reducción de la lista de espera, que podría parecer positivo, es consecuencia evidente del fallecimiento de personas en dicha lista de espera sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios”.
Según los datos publicados mensualmente por Sanidad, podrían haber fallecido hasta 117.000 personas sin ser atendidas desde el inicio de 2012, y solo en 2014 ese número se situó en los 45.000 dependientes. “Así un dato para la vergüenza se manipula torticeramente en un intento desesperado por vender una gestión eficiente”, critica la Asociación.
Según esta plataforma, el hecho de que haya menos personas valoradas como dependientes ha sido una consecuencia del cambio de baremo, con criterios más difíciles de cumplir para obtener el reconocimiento. Su aplicación ha supuesto que actualmente haya 64.211 grandes dependientes menos, lo que supone un 5% de las personas que antes sí eran valoradas como beneficiarios.
Otra de las acusaciones sobre la gestión del SAAD por parte del colectivo apunta a “un modelo de financiación del sistema tramposo”: la financiación estatal se estima actualmente en el 18%, que según la plataforma incumple con el 50% fijado por la ley y que se ha demostrado “claramente insuficiente”. El informe destaca que ese reparto “se ha empeorado con un brutal recorte que el Gobierno reconoce sin ambages en la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018”, y recuerda que el Gobierno solo prevé un aumento de 75 millones de euros en los próximos presupuestos generales. El colectivo denuncia que la falta de inversión estatal ha provocado en las Comunidades Autónomas, principales cofinanciadoras del programa, “tensiones presupuestarias insoportables”.
