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La Sanidad madrileña solo publica un 20% de los contratos con empresas privadas

viernes 27 de noviembre de 2015, 00:00h
Jesús Sánchez Martos, consejero de la Comunidad de Madrid
Jesús Sánchez Martos, consejero de la Comunidad de Madrid
La plataforma Audita Sanidad recoge los principales focos para la corrupción en el sistema sanitario, que genera sobrecostes de hasta el 25% de la contratación pública, según la Comisión Europea.
La Comunidad de Madrid destinó 4 de cada 10 euros del presupuesto sanitario de 2014 a contratos con empresas privadas. Pero apenas una quinta parte de ese dinero ha quedado reflejado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM): el perfil del contratante de la región solo da cuenta de 1.414 contratos, que suman 562 millones de euros, lo que deja un gasto de más de 2.200 millones sin publicar.

Es uno de los resultados del informe de la Contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2014, a cargo de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. "Exigimos transparencia", ha denunciado en la presentación del informe Vicente Losada, uno de los autores del estudio, que confirma que la opacidad en la administración pública ha impedido que la plataforma identifique "en qué se han gastado y quién ha recibido esos 2.200 millones de euros" que la burocracia esconde tras concesiones administrativas para hospitales de colaboración público-privada, conciertos, y contratos con empresas para el procesamiento de datos, entre otros.

El trabajo de esta plataforma trata de relacionar la deuda madrileña con las dinámicas de los lobbies ligados a la salud y la corrupción que emana de la contratación pública. "En la Comunidad de Madrid nos encontramos con una deuda que ha pasado de 4.218 millones de euros a finales de 2000 a 22.104 millones de
euros en 2013", recuerda el grupo de trabajo.

Por otro lado, un informe de la Comisión Europea de 2013 detectaba que los principales casos de malversación de dinero público mediante la sanidad en España son las irregularidades en la adjudicación de contratos a compañías privadas. Según el mismo informe, España adolece de un problema con los lobbies sanitarios: “las grandes empresas farmacéuticas se comportan como grupos de presión”, apuntaba la CE.

En este sentido, Audita Sanidad documenta que hasta el 31,5% de los 562 millones en contratos publicados han ido a parar a empresas relacionadas con la industria farmacéutica, que se quedan con unos 177 millones de euros. Y, en general, uno de cada dos euros se ha ido a manos de empresas que forman parte del lobbie sanitario. El segundo gran grupo se corresponde con las empresas de tecnología, con contratos por valor de 35,5 millones de euros. Las 20 primeras empresas del ránking acumulan cerca del 30% del total de los 1.414 contratos adjudicados.

La corrupción sanitaria en euros

Audita Madrid se hace eco de otro de los principales resultados del análisis de la Comisión Europea para 2013: ese año las prácticas corruptas generaron un sobrecoste de entre el 10% y el 25% del gasto de contratación pública para tecnologías sanitarias y productos farmacéuticos.

“Aplicando este criterio al caso de la contratación pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en 2014, cuyo importe fue de 562 millones de euros, se podría decir que el sobrecoste debido a posibles prácticas corruptas estaría comprendido entre los 56 y los 140 millones de euros”, sostiene el informe de Audita Madrid.

Para los autores del informe, el problema no es sólo la existencia de corrupción, sino la inexistencia de sistemas de control dentro de las organizaciones sanitarias. Por ello, recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) generó un informe en el que apuntaba que la “ausencia de presión concurrencial” puede generar desviaciones de hasta el 25% del presupuesto de la contratación pública. “En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año”, recordaba el regulador.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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