El Gobierno se parapeta en el Tribunal Constitucional para hacer frente al desafío secesionista. Las elecciones catalanas del 27 de septiembre han marcado un punto de inflexión en el conflicto catalán, pero no en el sentido plebiscitario que pretendía Artur Mas ya que lejos de resolver el enfrentamiento y poner de manifiesto el deseo de la ciudadanía de Cataluña de separarse de España han dejado a la Comunidad Autónoma fracturada en dos.
Y es que las formaciones independentistas no lograron el respaldo mayoritario en las urnas (sumaron el 47,7% de los votos frente al 51,7% de los sufragios no independentistas) pero sí han conseguido en el Parlament de Cataluña una clara mayoría secesionista (72 de los 135 escaños que componen la Cámara), lo que han aprovechado para ‘acelerar’ el proceso secesionsita.
Desde las elecciones, los hechos se han sucedido a una velocidad de vértigo. El día 26 de octubre, Junts pel Sí y la CUP aprobaron en el Parlament un texto acordado para “declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán” en forma de república y el día 9 de noviembre dieron luz verde a la moción en la que se comprometen a iniciar el proceso para la desconexión de España.
Entre estas dos fechas -es decir entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre- el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidió por fin tomar la iniciativa y pisó el acelerador. Lo hizo convocando en La Moncloa a los líderes de las principales formaciones políticas para tratar de arrancarles una estrategia conjunta. El argumento del jefe del Ejecutivo para tratar de sumar apoyos del resto de partidos es que el movimiento de los independentistas es un “golpe de Estado”, ya que Rajoy está argumentando que no se ataca al Gobierno sino a todo un país con una “declarada insumisión” a las instituciones del Estado.
Rajoy ha utilizado el Constitucional para frenar los primeros pasos de Junts pel Sí y la CUP, tribunal que ha admitido a trámite el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la resolución independentista.
Esta decisión del TC, tomada por unanimidad, implica la suspensión cautelar de esta moción, tal y como pedía el Gobierno, una suspensión que puede durar hasta cinco meses, mientras se estudia a fondo.
El Constitucional también ha aceptado la petición del Gobierno de apercibir de suspensión a 21 altos cargos catalanes (entre ellos Artur Mas y la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell), advirtiéndoles de que una eventual desobediencia de este tribunal les llevaría a incurrir en un delito penal y también a la suspensión de sus funciones.
¿Y mientras el comienza andar qué ocurre en Cataluña? Pues que se ha constituido el Parlament, pero no hay presidente ni gobierno, ya que Artur Mas no ha conseguido apoyos suficientes algo que por lo que Mas ya será recordado: puesto que es la primera vez, desde la instauración de la democracia, que un candidato a la Presidencia de la Generalitat no sale elegido tras la segunda sesión del debate de investidura.
Ahora, Junts Pel Sí y la CUP dispone de dos meses de plazo, concretamente hasta al 9 de enero, para alcanzar un acuerdo. En caso contrario, se deberían volver a convocar elecciones en Cataluña.
