El ejecutivo acusó a la Comunidad Valenciana de estarse extralimitando en sus competencias al dar atención médica completa a los inmigrantes irregulares. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Ejecutivo contra la ley de la Comunidad Valenciana que da asistencia sanitaria completa a los inmigrantes en situación irregular. Esto supone una suspensión inmediata de la legislativa.
La decisión del TC se basa en el artículo 161.2 de la Carta Magna que dice que el Gobierno “podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas” y esto “producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
Los Ministerios de Sanidad y Seguridad Social ya avisaron de que esta ley podría suponer una “extralimitación competencial”, explicando que es competencia estatal el determinar quién puede beneficiarse de las prestaciones sanitarias.
Asimismo, señalaron que es el Ejecutivo el que debe especificar qué tipo de atención recibe cada persona y cómo se financia este sistema. Del mismo modo, aseguran que la Administración central es la encargada de la expedición de solicitudes y documentos de identificación, así como la asignación de médicos y la especificación de los supuestos de exclusión y del fin de la validez de la acreditación.
