Aunque el acuerdo de investidura de Cifuentes firmado por Ciudadanos exigía una auditoría externa de los últimos 8 años, la ley establece que solo la Cámara de Cuentas puede fiscalizar a la Administración regional. Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha debido ‘improvisar’ su demanda de auditar los últimos 8 años de Gobierno de la región, que exigió al PP como condición para apoyar su investidura. En el texto firmado en junio para que Cristina Cifuentes se convirtiese en presidenta regional, el partido naranja reclamó “una auditoría económica externa» de los anteriores Gobiernos del PP.
Pero esa posibilidad no existe: según el Ejecutivo de Cifuentes, que asumió la exigencia en un acuerdo de 76 puntos, “razones jurídicas” impiden que cualquier entidad externa asuma funciones fiscalizadoras de la Administración autonómica. Esta tarea, por ley, debe ser desempeñada por la Cámara de Cuentas y la Intervención General.
La firma de aquel punto en falso significa que ninguna auditoría externa investigará los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. También se traduce en que la investidura de Cifuentes se consiguió con una promesa en falso sobre la que nadie parece haber reparado. Además, el partido naranja exigió al PP que el informe de esa auditoría externa estuviese listo en 2016 y sus resultados minuciosamente publicados en la web de la Comunidad.
¿Cómo ha solucionado Ciudadanos el ‘gazapo’? Bajo la premisa de que “la mejor defensa es el ataque”, el grupo liderado por Ignacio Aguado se ha apresurado a denunciar la politización de la actual Cámara de Cuentas madrileña y a reclamar su reforma. Ciudadanos se refugia en otro de los puntos del acuerdo de investidura del que tanto presumió: el número 9, que exigía acometer cambios en el órgano fiscalizador.La formación de Albert Rivera en la Comunidad de Madrid ha redactado 13 medidas, agrupadas en cuatro bloques, para “una revisión de la normativa actual reguladora” de la Cámara de Cuentas.
En primer lugar, pide despolitizar el órgano estableciendo una dirección unipersonal en sustitución de la actual estructura colegiada. Un segundo bloque atiende a mejorar la relación entre la cámara y la Asamblea. También cree necesario aumentar sus competencias y su “capacidad sancionadora”, incluyendo la capacidad para “suspender, destituir, cesar o separar del servicio a la autoridad, funcionario o persona responsable del organismo incumplidor”.
Por último, Aguado exige a Cifuentes que la Cámara de Cuentas sea dotada de los medios necesarios para su labor, así como reforzar la transparencia en los procesos de selección de su personal.
