En respuesta a una iniciativa parlamentaria de Alberto Garzón, el Ejecutivo esgrime que el Gobierno no es parte implicada en el proceso y no plantea ninguna intervención. “El Gobierno del Partido Popular se desentiende de cualquier actuación que tenga que ver con el estricto cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo el ERE de Coca-Cola”, según la respuesta parlamentaria al diputado de Izquierda Unidad Alberto Garzón. El también portavoz económico en el Congreso critica que planteó al Gobierno una iniciativa parlamentaria con una batería de cuestiones sobre el asunto “que el PP elude responder en su totalidad”.
Garzón preguntaba al Gobierno tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el Expediente de Regulación de Empleo que afectó a1.191 personas, y que finalmente ejecutó 821 despidos. Su iniciativa parlamentaria era anterior a las últimas sentencias de la Audiencia Nacional, puesto que el diputado registró las preguntas el pasado 9 de julio. Sin embargo, la inacción de la embotelladora ha hecho que sus demandas de información sigan siendo pertinentes: al declararse nulo el ERE, la empresa estaba obligada a readmitir a la plantilla, pero la embotelladora se resiste a cumplir con las condiciones de las sentencias. De hecho, Coca-Cola Iberian Partners debía reincorporar a los despedidos en un plazo de tres días, según una sentencia de mitad de julio. A estas fechas aún no lo ha cumplido.
Entre las cuestiones planteadas por el diputado de IU, se preguntaba sobre si “¿tiene el Gobierno pensado actuar, tras más de un año, para facilitar una resolución favorable a los trabajadores y coherente con la sentencia judicial?” o si “¿no cree el Gobierno que es intolerable que una transnacional pueda incumplir de forma tan flagrante una sentencia judicial y, por tanto, las leyes democráticas de nuestro país, sin que ocurra nada?”
El Ejecutivo señala a Garzón que “en relación con la información interesada se señala que se trata de un procedimiento judicial, en el que el Gobierno no fue parte implicada, y la resolución del mismo viene determinada por la sentencia recaída”. No obstante, en el breve escrito de dos párrafos remitido por el Gobierno a Garzón, a raíz de la pregunta registrada por éste en el Congreso el pasado 9 de julio, se recalca que «habiendo recurrido los trabajadores en vía jurisdiccional el despido colectivo realizado por la empresa, la resolución de los conflictos que puedan derivarse del mismo han de circunscribirse a dicho ámbito judicial, al ser una cuestión entre partes”.
El diputado también recordaba al Gobierno en su pregunta parlamentaria que “si bien la empresa ha accedido a abrir en Fuenlabrada un almacén, también ha asegurado no tener intención de reabrir la fábrica. De ese modo se está incumpliendo de forma clara la sentencia judicial, que expresaba que los trabajadores debían reincorporarse en las mismas condiciones que se tenían con anterioridad al cierre”.
