Seguridad Integral Canaria, concesionaria de la seguridad de las líneas 2, 5, 6, 10 y 12 Metrosur, ha planteado un ERE que dejará los andenes de Sol sin casi vigilantes. Un 45% de la red de Metro de Madrid tendrá la mitad de vigilancia en unos meses. Eso es lo que CSIF denuncia que ocurrirá si una de las concesionarias de la seguridad del suburbano consigue sacar adelante su expediente de regulación de empleo (ERE). La compañía en cuestión es Seguridad Integral Canaria, cuyo presidente fue condenado a prisión.
El recorte de plantilla que la empresa canaria ha puesto sobre la mesa puede llegar a afectar a 150 de sus empleados que actualmente prestan su servicio en Metro de Madrid. La compañía presidida por Miguel Ángel Ramírez explica que el tijeretazo se debe a “causas productivas y organizativas derivadas de la ejecución del contrato” para el suburbano madrileño.
Estas son las razones que aduce para el “inicio de un procedimiento de despido colectivo” el reconocido empresario canario. El mismo que ostenta desde el año 2005 la presidencia de la Unión Deportiva Las Palmas y que en 2011 fue condenado a tres años de cárcel por haberse construido un chalé al margen de la ley en una zona protegida de la isla de Gran Canaria.
Desde el sindicato se denuncia que el recorte planteado afectará al menos a 75 vigilantes de seguridad de la red de Metro, concretamente de las líneas 2, 5, 6, 10 y 12 Metrosur. En este sentido, consideran que el 45% de las estaciones de la red se verán afectadas por la decisión de Seguridad Integral Canaria, andenes tan transitados como los de Sol y Tribunal verán reducida su vigilancia a la mitad y “la mayoría” de Metrosur no contará con presencia alguna de seguridad, según denuncia CSIF en un comunicado.
El comunicado que la dirección de la compañía concesionaria ha dirigido al comité de empresa apunta que el ERE afecta en un principio únicamente a los trabajadores adscritos al contrato de Metro. Sin embargo, la empresa se muestra dispuesta a extinciones de contratos de trabajo en otros centros de la provincia de Madrid en el curos de las negociaciones “con el posterior traslado de excedentes del Metro de Madrid a estos”.
CSIF se muestra tajante al denunciar que estos recortes se traducirán en una irremediable “disminución de la seguridad ciudadana” en el suburbano. Además, el sindicato recuerda que la última concesión de servicios, en la que precisamente entró Seguridad Integral Canaria, ya recortó la cobertura de vigilancia. Asimismo, se compromete a defender la conservación de todos los puestos de empleo para lo que anuncia que llevará a cabo “cuantas acciones estime oportunas”, concluye el comunicado.
