Los impulsores de la ILP han acusado al PP de dejar la puerta abierta a “un servicio privatizado, intervenido políticamente y en castellano exactamente el contrario de los que pretendía el proyecto original». La comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía reabrir una televisión valenciana que sustituyera al clausurado Canal 9 ha pedido que no se continúe con el tramite parlamentario, ya que las enmiendas introducidas por el PP unilateralmente han “adulterado” la propuesta inicial y se ha perdido su esencia.
«La maniobra realizada por el PP es exactamente lo contrario a escuchar la voz de la sociedad», han declarado los promotores en un comunicado, explicando que el plan del Gobierno valenciano «consiste en decir que sí para, después, con su mayoría absoluta, hacer exactamente el contrario de lo que la ciudadanía pide».
En concreto, han acusado al PP de abrir la puerta a “un servicio privatizado, intervenido políticamente y en castellano, exactamente el contrario de los que pretendía el proyecto original». Por ello han pedido que en las Cortes Valencianas «respeten la voluntad ciudadana que hay detrás la ILP, y que no continúen el trámite parlamentario de un proyecto adulterado». «Esto se llama engañar la sociedad e intentar manipular lo que tendría que ser una vía de participación y democracia», han asegurado.
Por ello, han pedido al PP que que si no está de acuerdo con la propuesta ciudadana de abrir una radio y televisión valencianas, «que vote en contra, pero que no la manipule«. Asimismo, han criticado que «el uso de mayorías absolutas para defraudar los ciudadanos y engañarnos no es la mejor carta de presentación ante la próxima convocatoria electoral».
En la misma línea, los promotores de la ILP han recordado que esta iniciativa consiguió el apoyo de 90.000 valencianos «en un tiempo récord». Sin embargo, con el trámite parlamentario el PP «decidió utilizar su mayoría absoluta para presentar una serie de enmiendas que, aprobadas con su único voto, pervierten totalmente la ILP presentada». A su juicio, se trata de una «maniobra política contra la opinión de la Comisión Promotora».
