El expresidente de la Generalitat, que ocultó al fisco durante 34 años su fortuna en el extranjero, pierde todos sus privilegios y su figura queda en entredicho. El 25 de julio es una fecha que Jordi Pujol no olvidará. Ese día, el expresidente de la Generalitat de Cataluña reconoció en un comunicado que había ocultado durante 34 años a la Hacienda Pública su fortuna en el extranjero, que él achacaba a una herencia familiar. No obstante la procedencia de este dinero, que no ha quedado clara, ha provocado que su gestión al frente del Gobierno catalán y su figura fuesen puestas en entredicho.
Tal fue el huracán que desató esta revelación que Artur Mas, tras acordarlo con el propio Pujol, anunció la retirada de los privilegios con los que contaba por ser expresidente de la Generalitat. De esta manera, perdió su pensión vitalicia de 82.000 euros al año y el despacho del paseo de Gràcia de Barcelona del que disponía, y cuyo alquiler costaba al Ejecutivo autonómico entre 145.000 y 175.000 euros.
Lejos de tranquilizarse los ánimos, la tensión aumentaba y decenas de ciudadanos ‘acampaban’ diariamente frente al portal del veterano político para increparle y reprocharle lo sucedido. Estos ‘escraches’ se sucedieron durante varias semanas y era extraño no ver pancartas o escuchar pitos y gritos contra los Pujol si se pasaba por las inmediaciones de su domicilio.
Y la tensión era tan evidente que incluso Marta Ferrusola, esposa del expresidente, llegó a mandar a la mierda a los periodistas que esperaban la salida de algún integrante de la familia.
La residencia de verano de Queralbs (Gerona) del clan Pujol también fue escenario de este ‘culebrón’, desde el que el patriarca no tenía reparos en atender a los medios y responder a las decisiones judiciales e informaciones aparecidas antes de su habitual paseo diario.
El periodo estival llegó a su fin y con él aumentaron las voces que reclamaban la comparecencia del expresidente en el Parlament catalán. Algo que aprobó por unanimidad la Comisión de Asuntos Institucionales de la cámara autonómica, y que fijó para el 26 de septiembre.
Ese día las palabras de Pujol no dejaron indiferente a nadie. Y es que, más allá de decir cosas como “yo no he sido un político corrupto” y negar que hubiese habido “corrupción” o “trato de favor” en lo referente a su dinero en el exterior, respondió con dureza y reproches a las intervenciones de los portavoces parlamentarios que le pedían explicaciones.
Además, este escándalo se hacía cada vez más grande ante las polémicas que salpicaban a sus hijos. Oriol Pujol, por ejemplo, fue imputado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona en el conocido como caso de las ITV, y dejó sus cargos en Convergència. Por su parte, Oleguer Pujol fue detenido durante unas horas mientras se registraban sus empresas y está imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Todo esto, y más, han puesto en jaque a una de las familias (políticas) más importantes de Cataluña.
