El edil ‘popular’ de la localidad castellana, Javier Lacalle, ha dado la concesión de la rehabilitación de la plaza de toros al mismo que iba a construir el bulevar a principios de año, Miguel Méndez Pozo. Nuevo lío a la vista en el barrio Gamonal de Burgos. Los vecinos, que se movilizaron para que el Ayuntamiento de la localidad cancelara el proyecto de construcción del bulevar a principios de año, han vuelto a hacer lo propio, pero en esta ocasión es para protestar contra la rehabilitación de la plaza de toros de la ciudad, cuya concesión se ha otorgado, otra vez, a una UTE integrada por Sacyr y Río Vena, una empresa de Miguel Méndez Pozo, por una suma que llega hasta los seis millones de euros.
Tanto los vecinos como la oposición han acusado al alcalde de la localidad castellana, Javier Lacalle, de “adjudicación a dedillo”. Por ello, han convocado una asamblea para este viernes a las 12:30 horas y así explicar por qué están en contra de la decisión tomada por el Gobierno del PP del Ayuntamiento de Burgos, unido al empresario Méndez Pozo por estrechos lazos comerciales y personales.
Tras la convocatoria de esta nueva manifestación en el barrio Gamonal, toca esperar la reacción del alcalde y si paraliza este nuevo proyecto. Y es que, en la construcción del bulevar a principios de año tuvo que ser la dirección del PP en Génova la que obligó al edil a romper con Méndez Pozo para así calmar los ánimos de la población.
Para Méndez Pozo, que fue el primer constructor de España condenado en la década de los 90 por un caso de corrupción, estar envuelto en una polémica por alguna concesión no es algo novedoso. Aparte de estar en el candelero a principio de año cuando se le concedió la reforma del bulevar del barrio de Gamonal, el pasado mes de enero la Comisión Europea y el Ministro de Economía iniciaron una investigación para averiguar si hubo irregularidades en la financiación del Hospital Universitario de Burgos.
Y es que un particular denunció en 2013 a la empresa concesionaria de la obra -una sociedad anónima que engloba a empresas financieras, de servicios y constructoras, entre ellas una sociedad limitada participada por empresas de Méndez Pozo y Arranz Acinas-, a la Junta de Castilla y León y al Banco de Inversiones de ser responsables de las anomalías en la financiación de la clínica.
