Los comerciantes madrileños, encantados de ‘arrebatar’ la gestión de las calles a Ana Botella

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Los comerciantes madrileños, encantados de ‘arrebatar’ la gestión de las calles a Ana Botella

Ana Botella, alcaldesa de Madrid

Hilario Alfaro, presidente de COCEM, defiende que entidades privadas sustituyan al ‘papá Estado’: “Si no hay dinero para Educación como lo va a haber para el comercio”. Hilario Alfaro, presidente de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, afirmó en declaraciones a ElBoletin.com, que la COCEM está a favor de que el Ministerio de Economía, que dirige Luis de Guindos, dé luz verde a la reforma legal que permitirá que entidades privadas gestionen los barrios, ya que quieren recuperar las calles comerciales en declive de la capital, a pesar de que tener que pagar más dinero.

“Si el Estado del Bienestar no se mantiene con el dinero que pagamos con los impuestos habrá que buscar una solución”, señala Alfaro, quien hace notar que los comerciantes están dispuesto a pagar dos veces, sus impuestos y a una entidad privada, “a cambio de gestionar ellos su dinero y que no lo hagan la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento o la Cámara de Comercio”.

Y es que los comerciantes madrileños están favor de que el Ministerio de Economía realice las reformas necesarias en la Ley de Haciendas Locales para implantar en las calles comerciales urbanas de España un modelo de gestión privada. Una fórmula en la que los empresarios de una determinada zona pagan unas tasas adicionales a sus impuestos a cambio de que unos gestores privados realicen mejoras en las calles, por ejemplo, en limpieza, mobiliario urbano, promoción y publicidad de los comercios, y también en materia de seguridad, que el aspecto más polémico.

Sería una fórmula similar a los ‘business improvement district’ (BID) que se han desarrollado con éxito en algunas ciudades europeas como Londres y que también se han utilizado en Japón, Canadá y EEUU para revitalizar zonas urbanas degradadas, un sistema por el cual organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente prestan servicios públicos adicionales dentro de un área geográfica específica que se financian con un impuesto adicional por parte de los empresarios y/o comerciantes, siendo la tasa más utilizada el pago del 1% del valor catastral del local.

El Ayuntamiento sólo un recaudador

Alfaro explica la decisión de establecer un BID es la fórmula “más rápida, más eficaz y más democrática” puesto que tiene que ser tomada por el 50% de los empresarios, desde un banco a un dentista pasando por una gran superficie comercial, que se encuentren en zona que antes ha sido acotada también por los propios empresarios.

Aclara con este modelo, todos los empresarios se verán obligados a pagar la tasa por dichos servicios extra, ya que la cuota es obligatoria para el 100% de los empresarios de la zona: “No se pueden negar a pagar si la decisión ha sido tomada por la mayoría, con lo que se acabaron los gorrones”.

Y añade que la cuota es acordada por los empresarios y recaudada por el Ayuntamiento que únicamente hace el papel de recaudador y se encarga de poner el dinero en manos de la entidad gestora elegida.

Alfaro niega que con este sistema vaya haber barrios de primera y de segunda, como argumentan los detractores de este modelo, ya que el Ayuntamiento continúa estando obligado a dar los servicios que estaba prestando e insiste en que a los comerciantes de Madrid no les importa pagar dos veces “ya que si el Presupuesto municipal y regional no llega para Educación, ¿cómo va a llegar para el comercio?”

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