Esta tarde se celebra una nueva protesta, la tercera en febrero. Este mes, además, los afectados entregaron una queja a la Defensora del Pueblo. Los afectados por la venta de viviendas públicas a inversores privados, que ha puesto en marcha el Gobierno de Ignacio González, no cejan en su empeño y continúan movilizándose para exigir la paralización de la venta de 3.000 viviendas del Ivima a fondos de inversión privados.
Esta tarde volverán a salir a la calle y se concentrarán en el centro Abogados de Atocha de Torrejón de Ardoz convocados por la Cumbre Social de Torrejón, en un acto en el que participarán IU y CCOO de Madrid.
En el acto, el sindicato explicará su posición en la defensa del derecho a la vivienda y sus instrumentos públicos, y cuáles son las acciones legales y ciudadanas que se están desarrollando en coordinación con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS).
Además, se informará a los vecinos de las posibles situaciones derivadas del cambio de titularidad de las viviendas, que dejan de estar gestionadas por la administración competente en garantizar su derecho a la vivienda para ser propiedad de fondos especulativos.
Intensa campaña de movilizaciones
Las familias afectadas por esta operación ya organizaron una manifestación el pasado15 de febrero que finalizó a las puertas la sede del Instituto de la Vivienda de Madrid, IVIMA, en la calle Basílica. Y pocos días antes, el 3 de febrero, se concentraron ante la Asamblea de Madrid, horas después de haber entregado una queja a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por la “vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas” que consideran ha provocado dicha operación inmobiliaria.
Esta campaña de movilizaciones fue acordada en la primera asamblea regional de damnificados que tuvo lugar en Lavapiés, un encuentro que fue promovido por Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS).
La controvertida medida del Ejecutivo de Ignacio González de vender 3.000 viviendas a ‘fondos buitre, ya ha sido llevada los tribunales, ya que la PAH, la PAVPS y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid interpusieron en noviembre un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid para evitar lo que consideran un “desmantelamiento y expolio de la vivienda pública” y pidieron como medida cautelar la paralización del proceso.
