La Marea Blanca denuncia que el Gobierno quiere vender centros sanitarios a multinacionales y capital riesgo

Manifestación de la Marea Blanca - Foto: Raúl Fdez.
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El colectivo asegura que Mato pasará la responsabilidad de la prestación sanitaria “a una maraña de empresas interpuestas que en época de recortes gestionarán la escasez y servirán de dique para las protestas”. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha denunciado un nuevo plan del Gobierno para continuar con su estrategia de “desmantelamiento y privatización de la sanidad pública”. La nueva estrategia de Ana Mato consistiría en fragmentar los centros sanitarios públicos en microempresas dotadas de entidad jurídica propia -con lo que podrían administrar su personal y su presupuesto- en las que se daría entrada al sector privado.

En una nota publicada en su página web, este colectivo asegura que el Ejecutivo central pretende imponer el modelo de las Unidades de Gestión Clínica para que el sector privado haga negocio con la Sanidad pública. Concretamente, la Marea Blanca denuncia que “se pretende introducir de manera encubierta una empresarización de los servicios hospitalarios y de los centros de Salud, que pretende convertirlos en empresas ‘autónomas’ abiertas al capital empresarial personal, rompiendo la unidad de los centros, introduciendo el mercado, los beneficios, los incentivos económicos puros y duros, y la precariedad laboral de los profesionales derivada de la imprescindible laboralización y renuncia al estatuto vigente, entre otras muy perversas consecuencias”.

“Estamos realmente ante lo que se podría llamar un proyecto de ‘Gestión Clínica S.A.’”, critica FADSP, que dice que las empresas que participen de este modelo tendrán “capacidad para apropiarse de los beneficios generados por la venta de sus servicios a otras Unidades o Centros Sanitarios”.

Según apunta la Federación, farmacéuticas, multinacionales sanitarias o fondos de capital riesgo podrán gestionar los centros sanitarios “a cambio de aportar recursos y capitalización”. Es más, denuncia que con esta estrategia el Gobierno pretender pasar la responsabilidad de la prestación sanitaria “a una maraña de empresas interpuestas que en época de recortes gestionarán la escasez y servirán de dique para las protestas”.

La FADSP afirma que el Ministerio de Sanidad ha adoptado dos medidas para alcanzar estos objetivos. Una de ellas ha sido introducir en la disposición final quinta de la Ley 10/2013 la creación de Áreas de Gestión Clínica, con su personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas. La otra es el acuerdo que firmó con el Foro de la Profesión Médica que, “a cambio de algunas prebendas, han dado su apoyo a la laboralización del personal de las Unidades de Gestión Clínica, lo que supone un respaldo a la política privatizadora del Gobierno y divide al colectivo sanitario”.

Este nuevo modelo traerá la “desregulación y privatización del sistema sanitario, que se fragmentará en múltiples empresas y en las que entraría el capital privado”, y provocará que “las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios” estén sometidas “a las políticas empresariales”.

Asimismo, habrá una “pérdida y deterioro de los derechos de los trabajadores sanitarios” y desaparecerá el modelo actual de Atención Primaria, ya que la actividad “quedará sometida a los intereses empresariales” y primará “el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de rentabilidad”.

Por ello el colectivo se plantea frenar este proyecto como sea, y ya se han propuesto diversas acciones. La FADSP propone “crear un clima de rechazo profesional y social en contra de estas Unidades de Gestión Clínica, informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales” a través de recogidas de firmas y acciones informativas en centros sanitarios.

Asimismo, quiere “articular una alianza profesional lo más amplia posible, que aísle a los sectores que han suscrito un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno, que fragmentará y privatizará el sistema sanitario público y que no tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema”.

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