El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado hoy que la Fiscalía no dará un “trato diferencial” a la investigación contra el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, porque no es el Rey. Tras recordar que el caso todavía está en plena instrucción, ha matizado que los únicos miembros de la Familia Real que disponen de una protección jurídica especial son el monarca Juan Carlos I y su heredero, el príncipe de Asturias.
Conde-Pumpido que ha indicado, antes de iniciarse en Palma de Mallorca la Junta de Fiscales Superiores que presidía, que el Ministerio Fiscal aplicará los mismos criterios que se emplean en otras investigaciones en base a la presunción de inocencia de Urdangarin y a la defensa de los intereses generales, así como “al rigor y la calidad”, ha asegurado también que no han recibido presiones por parte de la Casa Real para que no se impute al marido de la infanta Cristina, informa Europa Press.
Además, el fiscal general ha apuntado que todavía no hay ninguna decisión tomada sobre el posible encausamiento de Urdangarin en el caso ‘Palma Arena’. No obstante, ha precisado que ello dependerá de la postura del Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas y, en última instancia, del juez José Castro, que llevan instruyen la causa en Palma de Mallorca.
Según Conde-Pumpido, “la Fiscalía está trabajando intensamente en el análisis de la documentación incautada en el marco de estas investigaciones”, que seguirá llevando la justicia de Palma y de momento no será asumida por la Audiencia Nacional, tal y como había pedido la defensa del ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas.
Por el momento, tal y como indicó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción, el marido de la infanta Cristina no será imputado en esta causa, a la espera de analizar toda la documentación incautada en diversos registros llevados a cabo en Barcelona.
La investigación desvelará si tanto Urdangarin como su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía el Instituto, para lo cual se fijaban precios “totalmente desproporcionados” por los servicios que prestaban a la Administración y se simulaban trabajos “ficticios”, tal y como cree la Fiscalía Anticorrupción.
