Educación, Sanidad, Desahucios, Energía, Justicia, ley de costas, reforma laboral, reforma local… No hay medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy que no tenga que pasar por el filtro de los tribunales, ya que ante el rodillo de la mayoría absoluta del PP la oposición, CCAA y sindicatos se ven obligados a acudir a los jueces para tratar de parar un gobierno a golpe de decreto
La última medida a que los jueces deberán dar ‘luz verde’ es al polémico sistema de de becas que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación, según el cual los alumnos deben obtener un 5,5 de nota media para acceder a la exención del pago de la matrícula en la Universidad y un 6,5 para el resto de ayudas, un decreto que ha recurrido CCOO y que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite.
La semana pasada fue la ley antidesahucios la que fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional (TC) después de que el PSOE recurriera en agosto contra catorce artículos de esta norma promovida por el Gobierno y aprobada por la mayoría parlamentaria del PP en solitario.
La reforma energética tampoco ha quedado exenta de esta ‘judicialización’ de la política que ha provocado el Ejecutivo central por su falta de negociación. Por ejemplo, la Junta de Extremadura ha presentado cuatro recursos contra ella: dos contra decretos relacionados con las energías renovables, otro contra la ecotasa y un cuarto contra la decisión de repercutir en la facturación a los clientes la reforma del sistema eléctrico.
Y lo mismo ha hecho la Comunidad Foral de Navarra, cuyo Gobierno decidió la semana pasada iniciar el procedimiento para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley sobre medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, por el «impacto negativo» que va a tener sobre la actividad y el empleo en Navarra, dado el importante desarrollo de las energías renovables
La Ley de Costas tampoco se ha librado de acabar en manos de los magistrados del TC. El PSOE recurrió la Ley de Costas por entender que privatiza y rebaja el nivel de protección del ecosistema litoral y ha anunciado que elaborará una nueva norma cuando vuelva a gobernar. El recurso sostiene que la actual Ley de Costas, aprobada en mayo con los únicos votos a favor del PP viola los artículos 132, 45, 14 y 9.3 de la Carta Magna.
Una ley de costas contra la que también recurrieron Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco por considerar que invade competencias autonómicas.
Previamente, el pasado mes de noviembre, el pleno del TC ya admitió a trámite el recurso que presentaron el PSOE y la Izquierda Plural contra varios artículos de la reforma laboral.
Mientras que en julio, aceptó Constitucional aceptó valorar el recurso de los socialistas contra la regularización fiscal, la conocida como ‘aministía fiscal’ promovida por el Gobierno para aflorar rentas ocultas y ese mismo mes también admitió un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación del sistema de elección del presidente de RTVE.
Las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han sido, quizás, de las más controvertidas. Los socialistas presentaron la semana pasada un recurso de al TC contra la reforma del órgano del Consejo General del Poder Judicial, por considerar que supone un “ataque relevante” a la “independencia” del órgano de gobierno de los jueces.
Igualmente, los jueces del Constitucional deberán dictaminar sobre la legalidad de la ley de tasas judiciales de Gallardón, que el PSOE y el Gobierno de Andalucía creen que vulnera los artículos 14 y 24 de la Carta Magna que establecen la igualdad de los españoles ante la ley y el derecho a una tutela judicial efectiva.
La privatización de hospitales punto y aparte
Sin embargo, ha sido el intento de privatizar seis hospitales madrileños, la cuestión más denunciada en los tribunales y ahora mismo la adjudicación a empresas privadas de estos centros médicos está suspendida por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Contra el proceso del Gobierno de Ignacio González se han sucedido los recursos en todas las instancias por todas las vías, incluida la penal, e incluso de ha denunciado ante la Fiscalía. Y lo han hecho distintos y numerosos colectivos: sindicatos, partidos, particulares e incluso el Ayuntamiento de Parla, aunque los más activos han sido los miembros de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).
La oposición no se ha quedado de brazos cruzados. El PSOE, a nivel nacional, lo ha llevado al TC, lo mismo que UPyD. Ademas, la formación magenta registró en junio un recurso de alzada (administrativo) en la Consejería de Sanidad y un escrito ante la Comisión Nacional de la Competencia, tal y como informó en su día madridiario.es.
Finalmente, Equo Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para exigir una investigación de todo el proceso de privatización de la sanidad madrileña por presuntas irregularidades tanto en la adjudicación de la construcción de hospitales como en la gestión de servicios sanitarios.
