Nueva ‘chapuza’ de Lasquetty: adjudica por error los hospitales de HIMA a las constructoras

Javier Fernández Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
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La Consejería de Sanidad no adjudicó ningún hospital a HIMA San Pablo. El departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty cometió un error, que ahora ha reconocido, ya que en los documentos de la adjudicación oficial de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez) no figura del CIF del grupo puertorriqueño, sino el de las constructoras que se encargaron de levantar estos centros hace cinco años. Oposición y sindicatos sanitarios creen que este error podría invalidar por completo el proceso privatizador.

Según informa la Cadena SER, la Consejería de Sanidad ya ha admitido este error administrativo. Concretamente, Jesús Vidart, director de gestión económica del departamento de Lasquetty ha confirmado que el Código de Identificación Fiscal (CIF) que figura en los papeles de adjudicación no pertenece a HIMA, sino a las constructoras.

No obstante, ha querido quitar hierro al asunto y ha asegurado a la emisora del Grupo Prisa que se trata de un simple error que subsanarán en los próximos días, sin consecuencias. Sin embargo, este error está ya en manos de los abogados de los partidos políticos de la oposición y de los sindicatos médicos, que creen que el nuevo fallo de la Consejería podría invalidar por completo el proceso.

Sobre el papel, la Comunidad de Madrid ha adjudicado esos tres hospitales a las constructoras. Concretamente, el CIF que figura en la concesión del hospital de Parla corresponde a Sacyr, mientras que el del hospital de San Sebastián de los Reyes pertenece a la sociedad de Acciona. Por último, informa la SER, el CIF que aparece en la adjudicación del centro de Aranjuez pertenece a una UTE en la que se encuentra Assignia, la empresa de la que forma parte el exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela.

Esto, en opinión de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), no es más que una muestra de que HIMA San Pablo hizo ‘trampas’ y dio el CIF de las constructoras porque le estaba costando cumplir con uno de los requisitos impuestos por la Comunidad de Madrid en los pliegos para la externalización: constituir una empresa que se encargase de la gestión de los centros sanitarios.

Otros errores

Aunque esta no es la única ‘chapuza’ de Lasquetty en el proceso privatizador. De hecho, el concurso ha estado plagado de errores desde el principio debido a las ‘prisas’ de la Consejería de Sanidad.

Primero se conoció una equivocación de la Comunidad de Madrid en la memoria económica que se elaboró para justificar el ahorro con la privatización. En aquella ocasión, los técnicos del Gobierno regional admitieron que no habían incluido en los cálculos de gastos la paga extra de los funcionarios, lo que supuso una subida de 87 millones de euros en el gasto total del contrato.

Después vino el fallo en los pliegos, donde se informaba de la fórmula utilizada para valorar las ofertas. La Consejería se olvidó de incluir el símbolo ‘%’ en dicha cuenta matemática, lo que cambiaba las condiciones del concurso hasta tal punto de premiar casi en exclusiva la oferta económica sobre otros requisitos. Un error que el departamento de Lasquetty tuvo que corregir urgentemente.

Asimismo, la Consejería de Sanidad también se olvidó de incluir en los anexos de los pliegos todo el equipamiento sanitario de Alta Tecnología del Hospital del Tajo, e incluso los trabajadores se quejaron de que en los inventarios elaborados por el Ejecutivo autonómico faltaban equipos y también personal, puestos de trabajo que no figuraban,

Por último, la Comunidad modificó los pliegos unos días antes del fin del plazo para presentar ofertas y pasó de exigir una garantía del 5% de la adjudicación total del contrato a un 5% del importe correspondiente al primer año.

En la práctica, la decisión de la Consejería de Sanidad se tradujo en una reducción del 90% del importe, puesto que la concesión se había fijado por 10 años. Es decir, se pasó de exigir 200 millones de euros a las adjudicatarias a solo 28 millones.

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