La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), así como el resto de los sindicatos de este ámbito retomarán hoy las concentraciones por el mantenimiento del servicio público, en contra de la privatización y no descartan la huelga en el sector, en el marco de las reformas que está impulsando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Según ha informado ayer la CSI-F en un comunicado, del que se hizo eco Europa Press, los trabajadores están llamados a concentrarse «en todos los centros de trabajo de la administración de justicia», entre las 11.30 y las 12.30 horas.
«Estas concentraciones se repetirán los días 19 y 26 de junio y si el Ministerio no se aviene a negociar, tras el verano, se intensificarán las movilizaciones con paros parciales, sin descartar la huelga», advirtió el sindicato.
CSI-F rechaza la «asfixia» de medios «con el objetivo claro de justificar la posterior privatización a favor de determinados colectivos profesionales (registradores, procuradores), la privatización del Registro Civil, los recortes salariales que se están aplicando en algunas comunidades autónomas, o la Ley de Tasas».
En relación con la Ley de Tasas Judiciales, el sindicado ha celebrado «el acuerdo del Tribunal Supremo por el que se exime a los trabajadores beneficiarios de la Seguridad Social de la obligación de pagar tasas en sus conflictos laborales, como los despidos», pero ha lamentado que «solo se refiere al orden social, lo que discrimina a funcionarios y estatutarios».
«El personal funcionario y estatutario de la Administración, cuyos derechos laborales se dirimen en el orden contencioso-administrativo seguirán pagando esta tasa, a diferencia, por ejemplo, del personal laboral de la Administración que lo hace en el orden social y que sí se ven exentos de su pago por el acuerdo del Tribunal Supremo», ha argumentado.
Por último, la CSI-F ha advertido que «a los funcionarios y estatutarios se les obliga a abonar una tasa de entre 480 y 720 euros en los casos de recursos de apelación (similar a la súplica del orden social) y casación».
«Este personal se ha visto castigado por el cambio legal en el régimen de la condena en costas (pago de gastos de abogado y procurador de la parte contraria) impuesto en el año 2011 y que no se sufre en el orden social por el resto de los trabajadores», ha concluido.
