Los ‘nuevos barones’ del PP, Feijóo y Basagoiti, mantienen su apuesta por la moderación, frente a la dirección nacional del partido, enfrascada en una estrategia basada en la existencia de una conspiración impulsada por el Gobierno y que incluye una denuncia, sin pruebas, de escuchas ilegales.
Desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta de Galicia, sus decisiones se han basado en la moderación. Así, por ejemplo, no se está dando ninguna prisa en cumplir su promesa electoral de derogar el decreto sobre el gallego del anterior Gobierno. Por el momento, el dirigente del PP asegura que no tiene intención de cambiarlo, una postura que ya le ha valido las críticas de algunos dirigentes de su partido en Galicia.
Es el caso del presidente del PP en A Coruña, Carlos Negreira, quien en una radio local opinó que se debería haber eliminado ya la obligatoriedad de impartir las clases en castellano y gallego dado que el curso escolar está a punto de comenzar. Feijóo, que se ha hecho fuerte en el partido tras recuperar la mayoría absoluta en esa comunidad, tiene la intención de reformar el decreto más adelante, para aplicarlo el curso próximo.
La moderación también está siendo la tónica que sigue Antonio Basagoiti en el País Vasco. Después de haber corregido a su ‘número dos’, Iñaki Oyarzabal, y asegurar que la confrontación entre PP y PSOE en Madrid no afectará al pacto de Gobierno con el PSE, Basagoiti ha facilitado un mayor margen de maniobra a Patxi López y los suyos. El líder popular en Euskadi ha decidido aparcar su principal reivindicación hasta ahora: un acuerdo en la Diputación de Álava con los socialistas para expulsar al PNV de esa provincia. Lo anunció ayer cuando señaló que esta no es una prioridad y que se va a centrar en colaborar con el Gobierno de López para hacer frente a la crisis económica.
Mientras, el PP continúa su ofensiva contra el Gobierno a cuenta de la persecución de la que dicen sentirse víctimas. El próximo miércoles, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamará a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que explique si el Ejecutivo “cree en la separación de poderes” y qué razones la llevaron a dar “instrucciones” a la Fiscalía para recurrir el archivo de la causa que afectaba, entre otros, a Francisco Camps.
