La Justicia estrecha el cerco sobre Ignacio González por la trama de espionaje a varios cargos del PP de Madrid. La juez que instruye este caso ha imputado al exsubdirector del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la región, Miguel Castaño. Un departamento que estaba en aquella época controlado por el actual presidente autonómico.
El ‘caso de los espías’ ha vuelto, y lo ha hecho con más fuerza que nunca. Desde que la Audiencia Nacional ordenara hace unos meses reabrir la investigación sobre los seguimientos a cargos del PP se han sucedido las imputaciones al respecto, seis a día de hoy. La última, la de Castaño, mano derecha del que fuera director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, que también se encuentra imputado por presunta malversación de fondos públicos.
Ambos, tanto Gamón como Castaño, formaban parte de la estructura de la consejería que en su día ostentaba Ignacio González y, según recoge la SER, se les señala como los principales responsables de elaborar los partes de seguimiento a Alfredo Prada y Manuel Cobo, entre otros, que después remitían al mencionado González.
Junto a la imputación, al exsubdirector de Seguridad de la región se le ha citado el próximo 5 de febrero para que declare por esta trama.
Esta decisión se produce apenas una semana después de que El País desvelara que Alberto Ruiz Gallardón y Cristina Cifuentes también fueron víctimas de seguimientos. “Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad] nos trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres policías como a los tres guardias civiles [fichados como asesores de seguridad] una relación de personas a las que denominan objetivos, de los cuales el vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente autonómico] tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”, aseguró el guardia civil en el escrito firmado que su abogado, Ramón González Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de enero, según este diario.
Unas noticias a las que el presidente de la Comunidad de Madrid trató de restar credibilidad destacando que este tema “se archivó y ahora cambian las declaraciones”.
