El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso quiere que se incluyan en el Código Penal los delitos específicos de financiación ilegal de partidos políticos y de enriquecimiento ilícitos de cargos públicos y que se pueda castigar penalmente a los cargos públicos que falsifiquen sus declaraciones de patrimonio.
Esta es una las reformas legales que el partido que lidera Rosa Díez considera necesario acometer para mejorar la lucha contra la forma «concreta de delincuencia organizada» que, en su opinión, supone la corrupción política en nuestro país, informa Europa Press.
La propia Díez ha sido la encargada de presentar en rueda de prensa en el Congreso la proposición no de ley registrada por su formación para instar al Gobierno a modificar en este sentido el Código Penal. Además, ha avanzado que interpelarán directamente al Ejecutivo sobre este tema para forzar cuanto antes una votación al respecto en el Pleno.
Díez ha señalado que, aunque el Código Penal ya recoge delitos como el cohecho o la prevaricación, es necesario ir más allá y crear un delito concreto para perseguir la financiación ilegal de las formaciones políticas, que se aplique tanto a su financiación ordinaria como a la electoral.
Incurrirán en ese delito, según la idea de UPyD, los partidos con bienes, fondos o cualquier patrimonio oculto, ya sea fuera o dentro de España, cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada en virtud del régimen vigente y en coherencia con la contabilidad fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.
También propone que se sancione penalmente mediante un tipo delictivo autónomo la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos, tanto de sus estados contables como de su patrimonio social, y que éste sea publicado en un registro específico debidamente actualizado.
Asimismo, plantea que ese delito sea aplicable también a aquellos cargos públicos electivos que omitan o falseen sus declaraciones de bienes, como hizo el extesorero del PP Luis Bárcenas con el documento que presentó en el Senado.
Pero además, la formación magenta, defiende la inclusión en el Código del delito de «enriquecimiento ilícito o injusto» de los cargos públicos electivos. Díez ha remarcado que, dado que los representados han de declarar su patrimonio al acceder y dejar sus cargos, habría que poder perseguir cualquier enriquecimiento «desproporcionado o injustificado».
Por último, en su proposición no de ley, UPyD demanda que se contemple la posibilidad de crear un tipo específico de acción popular que permita iniciar los correspondiente procedimientos judiciales contra los políticos que, en el desempeño de sus cargos al frente de sociedades o entes públicos, bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado daños patrimoniales a los bienes o al caudal público.
