La decisión de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de cerrar las urgencias nocturnas de 21 localidades de la región no sólo ha desatado una rebelión interna entre los alcaldes del PP, sino que ha enfrentado a la secretaria general de los populares con sus sectores más afines como el sindicato de funcionarios CSIF.
El sindicato más representativo del colectivo de los trabajadores públicos se ha levantado en ‘armas’ contra esta medida hasta el punto de cerrar filas con el PSOE en provincias como Guadalajara donde ayer mismo protagonizaron una concentración en las puertas del vestíbulo del Hospital Universitario.
Una manifestación que se suma a la campaña de protestas con las que CSIF quiere poner en evidencia su malestar con un cierre de estas urgencias que, según recoge el medio regional Encastillalamancha.es, aseguran que vulneran la Constitución. Así lo ha destacado el responsable provincial de Atención Primaria de este sindicato, Javier Delgado, que en la mencionada concentración tildaba de “ilegal” la medida decretada por Cospedal.
Según Delgado, el cierre de las urgencias supone «una ilegalidad» al vulnerar el decreto que establece la regulación de la atención continuada, que «en la zona rural debe preservar la distancia máxima de 30 minutos para tener atención sanitaria».
«Atención sanitaria no es que vaya una ambulancia con un técnico a darle la atención. Tiene que haber atención médica y atención de enfermería. Y eso, en esta orden se suprime», ha insistido, según recoge el medio manchego.
Asimismo, desde CSIF se ha criticado la disminución del presupuesto regional de Sanidad en un 13% en los últimos años frente al aumento en un 85% en la partida destinada a los gastos de dirección del Gobierno desde 2011.
Estas críticas coinciden con la dimisión de los concejales del PP en localidades afectadas por este cierre como Honrubia o con la decisión de ayuntamientos gobernados por los populares de frenar esta iniciativa en los tribunales.
