El Gobierno de Castilla-La Mancha va a interponer una demanda contra Greenpeace por “vulneración del derecho al honor” de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, en su informe ‘Amnistía a la destrucción’. En él, según el Ejecutivo manchego, los ecologistas vinculan “aspectos de la intimidad personal” de la secretaria general del PP “con una supuesta red de intereses que habría influido en la redacción de la reforma de ley de costas, impulsada por el Ministerio de Agricultura”.
En un comunicado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asegura que la supuesta implicación y participación de Cospedal en una presunta red “son absolutamente falsas, entre otras cosas porque resulta obvio que la presidenta de una Comunidad Autónoma que carece de costa no puede tener interés alguno en el desarrollo normativo de una ley que se refiere al litoral español”.
Asimismo, este Ejecutivo destaca que pretender que existen otro tipo de intereses personales de la propia presidenta o de su entorno, en referencia a su marido, Ignacio López del Hierro, en la modificación de dicha norma “vulnera de manera intolerable la dignidad y la ética de cualquier gobernante público”.
Por todo ello, los servicios jurídicos de la Junta manchega van a demandar Greenpeace porque además de la "falsedad" de las supuestas conexiones de Cospedal con la modificación de dicha normativa, "éstas han sido recogidas por diferentes medios de comunicación".
"Esa difusión ha aumentado los perjuicios contra su persona", incide el Gobierno manchego en este comunicado en el que también advierte de que si los medios perseveran en la publicación de estas informaciones deben saber que también serán objeto de la interposición de la pertinente demanda.
"Intentar degradar la imagen de una representante de los ciudadanos, atacando a su familia o difundiendo informaciones falsas sobre su participación en presuntas redes clientelares y de influencias resulta intolerable. Por este motivo, la presidenta de la Junta ha decidido recurrir al amparo de los tribunales de justicia", se reitera desde el Ejecutivo autonómico.
