El partido del exbanquero multicondenado Mario Conde, Sociedad Civil y Democracia, propone una regeneración democrática de las instituciones representativas y una reforma constitucional con las que se suprima el actual Ministerio de Justicia y el Constitucional. Las competencias del departamento que ostenta Gallardón las asumiría el CGPJ, mientras que el Supremo se ocuparía de los temas relacionados con el alto tribunal
La formación política que encabeza Mario Conde echa a andar y con ello las principales propuestas de su ideario. Unas ideas que se plasman en unas ponencias políticas con las que Sociedad Civil y Democracia (SCD) trata de poner sobre papel su solución a problemas como la actual situación de la Justicia.
En este afán por trasladar a sus simpatizantes, afiliados o simples ciudadanos con interés por conocer qué propone al respecto este partido, en la web de la formación se puede consultar un documento en el que, entre otros puntos, SCD denuncia que “el partido o coalición ganadora de las elecciones hace las leyes, las ejecuta y las juzga”. Todo, debido a que “la Constitución del 78 no garantiza la separación de poderes”.
Esto hace, según el partido de Conde que “el Poder Judicial no es independiente, pues sus órganos más importantes, incluido el CGPJ, son nombrados por el poder político” y que “cuando el poder se sabe impune comete los mayores abusos”.
Para evitar esto, Sociedad Civil y Democracia quiere enviar al ‘paro’ a Alberto Ruiz Gallardón. Es decir, suprimir el Ministerio de Justicia que ostenta el exalcalde de Madrid, así como el Constitucional “de forma que el recurso de amparo se sustancie ante la Sala de Garantías del Supremo en la que se tomen las medidas necesarias que eviten su politización”.
Asimismo, el exbanquero multicondenado cree que por “higiene democrática” es “absolutamente necesario” que los jueces sean nombrados por todo el cuerpo judicial, incluidos los funcionarios públicos de la Administración de Justica y los abogados y procuradores en ejercicio.
Por otro lado, Conde propone regular el acceso a la carrera judicial y, en particular, la que afecta a jueces de instancias superiores “para garantizar la absoluta independencia del poder político”. Además, que los jueces y magistrados que accedan a la política, no podrán volver a la carrera en el plazo de 5 años, regresando así “al escalafón en la situación en que se encontraban antes de acceder a la política”.
Para terminar, entre las ideas de esta formación en torno al mundo judicial se destaca que los delitos de prevaricación cometidos por jueces y fiscales se juzgarán por jurado popular y conllevarán penas de privación de libertad.
