La entrada en vigor del euro por receta en Madrid ha puesto en pie de guerra a los profesionales sanitarios. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica (ADSP) presentará hoy una reclamación ante la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado para exigir a estos organismos que frenen la tasa impuesta por Ignacio González.
Según un comunicado de esta plataforma, la solicitud se basa en la “ausencia de competencias” de la Comunidad de Madrid para poder establecer un impuesto sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, recoge Efe. Este escrito fue registrado el pasado 31 de diciembre en la sede del Ministerio de Sanidad.
La ADSP alega que los artículos 14, 139.1 y 149.1 de la Constitución Española; los artículos 3.2 y 10.14 de la Ley General de Sanidad; los artículos 4, 5, 16 y 30 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; y el Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, son los que vulnera la nueva tasa del presidente regional.
Además, esta organización también alude al dictamen del Consejo de Estado de 21 de junio de 2012, que a su criterio apreciaba signos de “inconstitucionalidad de esta tasa que se aplica en Cataluña, así como la resolución del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, acordando interponer recurso contra esta misma tasa en Cataluña”.
Los profesionales de la sanidad entienden que esta tasa, “aparte de ser ilegal por invadir competencias exclusivas del Estado, impide que el acceso a las prestaciones sanitarias, en este caso las farmacéuticas, se realicen en condiciones de igualdad efectiva, y supone una discriminación a los ciudadanos a los que se dispensa recetas de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social en Madrid”.
Esta asociación insta al Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce, y a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que realicen “de inmediato las acciones oportunas para paralizar la aplicación de esta tasa en Madrid, al menos hasta que se produzca la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional”.
