Las últimas declaraciones de Cristóbal Montoro sobre los funcionarios han terminado por agotar la paciencia de los sindicatos. CCOO y UGT han criticado al ministro de Hacienda por asegurar que las nóminas de los empleados públicos corren peligro si no aumenta la recaudación de impuestos. Consideran que la deriva del Gobierno, que ahora ha decidido ‘meter miedo’ para “aniquilar la protesta en la calle”.
Cristóbal Montoro ha quemado su último cartucho para frenar las protestas de los funcionarios, que llevan una semana ininterrumpida saliendo cada día a la calle para mostrar su rechazo a los recortes del Gobierno. El titular de Hacienda ha asegurado que “las nóminas de los funcionarios están en peligro si no aumenta la recaudación fiscal”, algo que no ha sentado nada bien a los sindicatos, que acusan al ministro de hacer uso de la ‘política del miedo’ para acabar con las movilizaciones de los trabajadores públicos.
En una nota de prensa, CCOO y UGT aseguran que las palabras de Montoro son “una vuelta de tuerca más a la ley” que no servirá para callar a los funcionarios. “En su intención de desmovilizar a los trabajadores”, dicen los sindicatos, el ministro se ha apuntado al “divide y vencerás” anunciando que no suprimirá la extra de Navidad a aquellos funcionarios que cobren menos de 962 euros brutos.
“Una medida que afecta a un número irrisorio de empleados públicos, puesto que las exenciones serán casi anecdóticas”, como ya adelantó ayer EL BOLETÍN, a la que ahora Montoro ha añadido “el miedo como argumento” al amenazar “con no poder pagar la nómina de los empleados públicos”, indican estas organizaciones.
Asimismo, consideran que el Gobierno, con los nuevos recortes aprobados el pasado viernes, ha cometido “una agresión brutal a la autonomía colectiva y la libertad sindical de los empleados públicos con el objetivo de eliminar el derecho de defensa de los trabajadores”. En este sentido, CCOO y UGT afirman que “el autoritarismo del Gobierno es tal que anula, sin tener derecho a ello, convenios colectivos, pactos y acuerdos, invadiendo además las competencias de las comunidades autónomas”.
Por otro lado, respecto al recorte de 6.000 liberados sindicales, recuerdan que “el desarrollo de la actividad sindical está amparada en la ley y que en desarrollo de ésta se establecen acuerdos de mesas generales de negociación en los que se estipulan las funciones y número de liberados sindicales”.
Algo que plantea en los mismos términos la norma aprobada el pasado viernes “como una novedad, pero que siempre ha estado en vigor en el ordenamiento jurídico, impidiendo en la práctica el desarrollo de la actividad sindical al margen de leyes, normas y control administrativo”.
En último lugar, sobre el “supuesto ahorro” que conseguirá el Gobierno “al despedir a los pocos interinos que cubren los puestos de los liberados sindicales” en las Administraciones, los sindicatos aseguran que “se trata de mandar a trabajadores al paro, donde seguirán cobrando de la Hacienda Pública su prestación por desempleo, aunque sin poder contribuir a la mejora de los servicios públicos”.
