Gallardón quiere ‘pluriemplear’ a los vocales del CGPJ

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El titular de Justicia. ha elevado al Gobierno las conclusiones que ha elaborado la Comisión de expertos sobre la reforma del órgano de gobierno de los jueces y que trasladará a los grupos parlamentarios para lograr el «máximo consenso», informó Europa Press.

«Esto es lo que nos va a llevar a iniciar en la misma tarde de hoy ese procedimiento de encuentro y traslado de conclusiones a los grupos», ha dicho Gallardón, para añadir que se consultará al actual CGPJ y el Consejo de Estado como resulta preceptivo.

Entre las principales novedades que ha propuesto la Comisión institucional, ha detallado que el modelo «fortalece la condición de presidente» del Tribunal Supremo, quien será el único miembro que tenga dedicación exclusiva y deberá ser magistrado del alto tribunal para poder ostentar el cargo.

Además, se crea la figura del vicepresidente del Supremo, se constituye un cuerpo de letrados en el CGPJ y se simplifica el sistema de mayorías de manera que, por regla general, las decisiones se adoptarán por mayorías simples.

Sugiere igualmente ajustar las competencias del Consejo a las reguladas por la Constitución, que tienen que ver con los nombramientos, los ascensos, la inspección y el régimen disciplinario. Ha puesto el ejemplo que la actividad internacional debería ser coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En relación con la eficacia, ha indicado que las comisiones quedarán reducidas a las competencias que la Constitución establece como propias. Ha aludido a la permanencia de la Comisión de Igualdad, la Comisión Permanente –compuesta por un presidente y cuatro vocales elegidos anualmente– y la Comisión Disciplinaria, que pasará a sustituir un principio «inquisitorial por uno acusatorio».

Tras remarcar que el Consejo del Poder Judicial estará sometido a la Ley de Transparencia, Gallardón ha explicado que esta reforma ha sido presentada antes del resto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial para poderla aprobar antes de que se produzca la renovación de este órgano en septiembre de 2013, y evitar así una «situación de prórroga» como la sufrida en órganos como el Tribunal Constitucional.

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