Los profesores, padres y estudiantes manchegos han decidido organizarse para evitar la supresión de las escuelas rurales públicas al final de este curso prevista por María Dolores de Cospedal. La Marea Verde ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Internet con la que pretende frenar este “atentado contra la sociedad rural”.
Los planes de Cospedal vuelven a tener una fuerte oposición por parte de la Marea Verde. El colectivo que defiende una enseñanza pública de calidad de tod@s y para tod@s se ha puesto manos a la obra para detener el cierre de las escuelas de 60 pueblos de la región. Para ello, han decidido recoger firmas a través de la Red y entregárselas al consejero de Educación, Marcial Marín Hellín, para que frene este nuevo ataque a lo público.
Según defiende el colectivo, “al cerrar estas escuelas se condena a los niños a realizar viajes incluso de más de una hora de duración de ida y otro tanto de vuelta”, y “a cambio se les dice que la educación será mejor, algo que para nada está demostrado, más bien resulta todo lo contrario”.
Es más, aparte del problema de la duración del viaje y del kilometraje, la Marea Verde también denuncia que “muchas de las carreteras están es pésimas condiciones y transcurren por zonas de montaña”, lo que supone un peligro para los niños.
Ante esta situación, “si cierran las escuelas rurales, muchos de los padres preferirán mudarse a vivir a núcleos urbanos, condenando a estas zonas rurales a la despoblación total y al abandono de todo el entorno rural”, señala la Marea Verde.
Por ello se ha puesto en marcha esta iniciativa, que ya ha logrado el apoyo de 2.063 firmantes de los 2.500 necesarios, con la que pedirán al Gobierno de Cospedal que “no se produzca ninguna variación en las prestaciones de las escuelas rurales de la región de Castilla-La Mancha, y se mantengan los servicios ofertados a los ciudadanos residentes en las zonas rurales en las mismas condiciones”.
La Marea Verde se suma así a la voz de alarma dada por CCOO de Castilla-La Mancha, que hace unos días aseguraba que “el cierre de las escuelas de 60 pueblos de Castilla-La Mancha es un atentado contra la sociedad rural de nuestra región, perpetrado por un Gobierno que no ha tratado siquiera de escuchar la opinión de los alcaldes, de los padres y madres, de los profesores y profesoras”.
“El futuro de las localidades afectadas por el cierre de sus aulas queda gravemente herido, quizá herido de muerte”, sentenció el sindicato.
