Los pequeños comerciantes madrileños se han mostrado a disgusto con la ley aprobada ayer en la Asamblea regional, que contempla la libertad total de horarios. El malestar respecto a esta nueva medida de Esperanza Aguirre es tal que incluso algunos minoristas de la región estudian emprender acciones legales contra ella.
La liberalización de horarios promovida por la presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá respuesta en los tribunales. Un grupo de comerciantes de la región se han puesto en ‘pie de guerra’ contra esta medida y ya estudian la manera de presentar un recurso legal contra ella, ya que consideran que les causa un perjuicio insoportable en las condiciones actuales de crisis.
Según han indicado fuentes conocedoras de la situación a EL BOLETÍN, entre los comerciantes madrileños hay mucha “preocupación” ante la Ley de Dinaminzación Comercial de Esperanza Aguirre que entrará en vigor el próximo 14 de julio. Esta norma permite abrir las 24 horas del día los 365 días del año, lo que según denuncian los comerciantes madrileños abocará al cierre a miles de negocios, que no podrán competir con las grandes superficies.
La norma aprobada ayer por la Asamblea es “fatal” para los pequeños negocios de la región, aseguran esas mismas fuentes, que recuerdan que estos comerciantes “no pueden contratar a más gente para mantenerse abiertos”. Y eso es lo que ha llevado a este grupo a plantearse acudir a los tribunales para intentar frenar esta ley que sólo beneficiará a las grandes distribuidoras.
Sin embargo, entre los comerciantes madrileños hay división. No respecto a lo perjudicial que será esta norma, sino en lo referente a las medidas a adoptar. Mientras que el mencionado grupo estudia emprender acciones legales contra esta ley, los que se concentran en la Confederación Empresarial del Comercio Minorista de Autónomo de la Comunidad de Madrid (Cecoma) se han mostrado resignados y han asegurado que “no queda ningún tipo de acción” que tomar.
El vicepresidente de la confederación, Eduardo Morán Abad, ha indicado a este diario que no hay nada que hacer contra esta norma ya aprobada. Lo único que queda en su mano ahora es exigir a la Comunidad la creación de un “observatorio” que haga un seguimiento de “cómo se implanta la ley” y si “cumple los objetivos” marcados por Aguirre.
