El PSM, a través de su portavoz en Justicia, Javier Gómez, denunció hoy, en declaraciones a EL BOLETIN, la «lentitud» en la construcción de nuevas sedes judiciales. «De las diez previstas para la presente legislatura, no habrá más de tres funcionando en 2011». Como ejemplo más claro citó el proyecto del Campus de Justicia, paralizado desde hace meses. Según Gómez el Campus «que solucionaría cerca de la mitad de los problemas actuales» no estará listo hasta al menos dentro de «dos legislaturas más».
El portavoz del PSM criticó que, «con la excusa de la crisis» no se haya avanzado en este proyecto.
Además, exigió al Consejero de Interior, Francisco Granados, que «cumpla con lo acordado con los abogados de Oficio» y que deje de insultarlos. «El Gobierno regional tiene que garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, no bloquearlo», indicó Gómez.
Con relación a esto, los socialistas han solicitado la comparecencia de Granados en la Asamblea para demandarle que garantice unas condiciones de cobro adecuadas a los abogados. Desde el partido socialista acusaron al consejero de deber casi 21 millones de euros al colegio de abogados, y que, pese a que Granados se comprometió a cumplir con las obligaciones económicas, «no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por solucionar este asunto».
Gómez acusó al Gobierno de Aguirre de haber inducido a la Consejería de Justicia a un «estado comatoso, incapaz de reaccionar ante los retos que tiene por delante». Además, aseguró que no se ha reaccionado «de ningún modo» a las demandas realizadas por la memoria de actividades presentada por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 22 de julio.
Desde el PSM apostaron por utilizar el presupuesto público para relanzar las obras del Campus, aunque, como alternativa, plantearon la posibilidad de impulsar un Plan de Transición, que acabe con la dispersión de la justicia, aglutinando cada jurisdicción en un mismo edificio, algo que ya explicó a EL BOLETIN la portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés. Según el PSM, este plan «podría solventar el 25% de los problemas que contribuyen al colapso de la región».
Para terminar, Gómez también criticó la falta de medios materiales de los juzgados disponibles, ya que según él «en muchas ocasiones sus instalaciones vulneran la propia normativa de seguridad laboral, ya que se encuentran obsoletos». Como ejemplo del «caos reinante» en la justicia madrileña, Gómez habló de los juzgados de Violencia de Género, de los que denunció que «siete están en un edificio, y otros tres en otro creando confusión entre policías y víctimas», además de asegurar que dos de estos juzgados «comparten guardias». También criticó las instalaciones, que «han llevado a situaciones rocambolescas, como la de tener que meter a las víctimas de violencia de género en un despacho, ya que por el mismo pasillo tenía que pasar su agresor», terminó Gómez.
