Aguirre lanza la fusión de municipios en la Comunidad de Madrid

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Esperanza Aguirre ha decidido impulsar la fusión voluntaria entre Ayuntamientos en la Comunidad de Madrid para luchar contra la crisis. La presidenta regional, que sabe que está en entredicho la viabilidad de muchos municipios, ha lanzado esta medida como única salida a los problemas por los que atraviesan las arcas públicas madrileñas.

La Asamblea de Madrid ha aprobado hoy el dictamen elaborado por la Comisión de Duplicidades, que aboga por la fusión voluntaria de los consistorios municipales y por la creación de consorcios o mancomunidades para lograr una prestación “eficaz y eficiente” de los servicios públicos en los ayuntamientos.

Este dictamen, que cifra en 20.000 el mínimo de habitantes para que un municipio sea viable, ha salido adelante gracias al apoyo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea. Además, en este informa la comisión de duplicidades aboga por que las fusiones garanticen “el mantenimiento de la identidad cultural e histórica de los ayuntamientos fusionados a través de las distintas formas de desconcentración administrativa que permite la legislación vigente”.

Asimismo, insta al Gobierno de la Comunidad a modificar la Ley de Administración Local de 2003 para “poner fin a las duplicidades administrativas” y “reconducir” la situación de crisis que afecta a los 179 municipios madrileños.

Respecto a la separación de competencias, el dictamen de la comisión establece que los gobiernos municipales deberían encargarse en exclusiva de la atención social primaria, bibliotecas, centros culturales, centros y albergues juveniles, instalaciones deportivas, escuelas infantiles, casas de niños y las escuelas de música.

Por otro lado, estima que deberían ser de competencia autonómica la atención social especializada (residencias y centros de día especializados), la prevención, promoción de la salud y asistencia sanitaria (centros municipales de salud), el transporte de enfermos, drogodependencias, los teléfonos de emergencias (112 y 092), los centros oficiales de educación de adultos, las políticas activas de empleo y la vivienda.

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