El Gobierno pone en marcha el proceso para que el Supremo ilegalice Bildu

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Abogacía del Estado a actuar contra las listas de Bildu que tengan indicios de que pertenezcan o tengan relación con la ilegalizada Batasuna. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declarado que las fuerzas de seguridad facilitarán «informes exhaustivos» sobre Bildu a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para que determinen si deben impugnar sus listas ante el Tribunal Supremo.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía podrán impugnar las listas entre el 27 y el 28 de abril. Posteriormente, la Sala del 61 Tribunal Supremo dispondrá de dos días, 29 y 30 de abril, para resolver, pero su decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional hasta la medianoche del día 5 de mayo, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral.

No obstante, la última reforma de la LOREG se establece que las listas pueden ser impugnadas hasta el 12 de mayo si durante la campaña electoral, encuentran alguna irregularidad o vinculación con la ilegalizada Batasuna. Tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional tendría de plazo para recurrir las listas hasta el 20 de mayo, coincidiendo con la jornada de reflexión. El Ejecutivo posee ya un informe policial sobre Bildu en el que se relaciona a la coalición con Batasuna.

Rubalcaba ha querido dejar claro durante su comparencia que no es el Gobierno el que ilegaliza una lista, en respuesta a algunos “notables disparates” que en los últimos días han venido pronunciando algunos dirigentes del PP que, incluso, han estudiado derecho. Así, recordó que el Gobierno autoriza a la Abogacía a investigar y es ella la que decide si impugna alguna lista ante el Supremo. Es este tribunal el que tiene la competencia de ilegalizar en base a las pruebas.

Por otro lado, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, bajo una fianza de 50.000 euros, por el caso en el que se investiga la supuesta financiación que Batasuna recibía por parte de las ‘herriko tabernas’. A pesar de esto, Otegi no saldrá de prisión, ya que su encarcelamiento preventivo por el delito de refundación de la organización a través de la ilegalizada ‘Bateragune’ sigue vigente.