Los médicos madrileños han logrado una nueva victoria en su lucha contra las privatizaciones sanitarias del PP. La cesión por parte de la Comunidad de Madrid de la gestión de tres hospitales públicos a Capio (ahora IDC Salud) y a Ribera Salud será investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la región, que ha abierto diligencias previas para analizar el proceso externalizador basándose en un escrito de la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM).
Concretamente, este juzgado ha reconocido en un auto el inicio de la investigación sobre las presuntas infracciones penales cometidas por el Gobierno regional al entregar a estas empresas la gestión del Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital de Torrejón de Ardoz. Parte de éste último correspondía a Ribera Salud, aunque la compañía la vendió recientemente a Sanitas.
Unas decisiones que tomaron los exconsejeros de Sanidad madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, en el punto de mira de la Marea Blanca por sus relaciones actuales con las empresas privadas a las que hicieron diversas concesiones cuando formaban parte del equipo de Esperanza Aguirre.
La justicia ha tomado en consideración para iniciar estas acciones una denuncia interpuesta por AFEM, en la que hablaba de la comisión de un posible delito de prevaricación, cohecho y malversación de fondos por parte de la Comunidad de Madrid al realizar estas concesiones. Los médicos ya avisaron de que la vía legal era la única carta que les quedaba por ‘jugar’ tras meses de movilizaciones y huelgas, y se han puesto a ello con todas sus fuerzas.
Por ello, tras conocer la apertura de estas diligencias previas contra las privatizaciones que ya están en marcha en la Sanidad pública madrileña, la AFEM ha presentado también un recurso contencioso-administrativo contra los pliegos elaborados por el Ejecutivo autonómico para externalizar la gestión de otros seis hospitales.
Su análisis legal para ello se basa en un informe que han elaborado junto al bufete López Rodó & Cruz Ferrer en el que aseguran que con estas medidas la verdadera intención del presidente Ignacio González y del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, es privatizar la Seguridad Social, ya que harán que la asistencia sanitaria de la población adscrita a esos hospitales se convierta en un aseguramiento privado pagado con dinero público.
El colectivo de facultativos especialistas ha incidido en que las nuevas privatizaciones de hospitales “no sólo no van a suponer un ahorro sino que van a salir más caras a los madrileños, porque no aseguran la mayor calidad real posible en la atención a los pacientes y además vulneran normas desde el punto de vista legal y se producen irregularidades que pudieran ser constitutivas de supuestos delitos”.
Asimismo, la portavoz de la AFEM, Fátima Brañas, ha criticado que “al consejero de Sanidad los argumentos de no ahorro y de poner en riesgo la mayor calidad de la atención al paciente posible no le han resultado suficientes para replantearse su descabellado plan. Tampoco la voz unánime de los profesionales sanitarios y las sociedades científicas ni el clamor de más de un millón de ciudadanos madrileños”. Por ello “sólo nos queda confiar en la justicia, y confiamos”, ha concluido.
