El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha desenterrado de nuevo una propuesta que el Gobierno había planteado anteriormente y que decidió retirar ante la protesta de los sindicatos, con los que estaba negociando la reforma laboral en la Mesa de Diálogo Social. Corbacho asegura ahora que es inevitable ampliar el tiempo de cómputo de la pensión, actualmente fijado en 15 años, y sostiene que lo razonable sería elevarlo a 20 años.
Esta iniciativa fue incluida por el Ministerio de Economía que dirige Elena Salgado en el documento con las medidas de recorte de déficit, que envió a Bruselas el pasado mes de febrero, aunque pocas horas después de haberlo mandado a la Comisión, la vicepresidenta segunda decidió suprimirla alegando que sólo era un ejemplo. En el párrafo eliminado se contemplaba la posibilidad de elevar el cómputo hasta los 25 años.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, el titular de Trabajo argumentó que el sistema actual de pensiones, cuya reforma se está negociando en el Pacto de Toledo, penaliza a las personas que pierden el empleo en los últimos años, ya que cuando se jubila recibe una pensión “casi de mínimos, aunque lleve 40 años cotizando”.
Corbacho ha indicado que una de las prioridades es incentivar la permanencia y, paralelamente, evitar las jubilaciones anticipadas, que se apliquen «sólo cuando sean absolutamente imprescindibles para resolver problemas de crisis económica».
El ministro también ha insistido en la intención del Gobierno de rebajar de 100 a 30 días el tiempo con el que cuentan los parados para rechazar cursos de formación u ofertas de empleo, una medida muy criticada por los sindicatos, que acusan al Ejecutivo de penalizar a las personas que se han quedado sin trabajo.
Reforma laboral
Por otro lado, Corbacho se mostró convencido de que el Ejecutivo contará con el apoyo de CiU y del PNV para que la reforma laboral salga adelante en el Senado, donde mañana comienzan a debatirse las enmiendas presentadas por los grupos. En este sentido, aclaró que el PSOE aceptará incluir en la reforma que en el plazo de seis meses el Gobierno presente una iniciativa encaminada a fomentar el trabajo a tiempo parcial, una de las peticiones de CiU. Lo que sí rechaza Corbacho es la posibilidad de que se acepte la propuesta del grupo catalán de que en casos de negociaciones difíciles en empresas, la última palabra la tenga el empresario.
