El Boletín Oficial del Estado ha publicado una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de julio en la que obliga al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a contestar las preguntas de la formación de la oposición Compromís sobre el ‘caso Gürtel’. El dirigente valenciano se libró de dar explicaciones sobre los contratos de su Ejecutivo con las empresas de esta trama gracias al veto de la Mesa de las Cortes valencianas, integrada en su mayoría por cargos de confianza de Camps.
El TC asegura que la decisión de la Mesa de no admitir este tipo de cuestiones “carece de motivación suficiente” con lo que se han “limitado” los derechos de los diputados de Compromís para ejercer su labor de control al Gobierno autonómico. Por esto, el Constitucional declara nulos los acuerdos por los que se rechazaron estas cuestiones e iniciativas parlamentarias. Este fallo obliga al órgano del parlamento valenciano que preside la ‘popular’ Milagrosa Martínez a “retrotraer las actuaciones al momento anterior de dictarse las mencionadas resoluciones de inadmisión” y a votar de nuevo sobre incluir o no estas preguntas en el orden del día de las sesiones de las Cortes.
La resolución judicial viene firmada por la presidenta del tribunal, María Emilia Casas ,y los magistrados Javier Delgado, Jorge Rodríguez, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps.
Ante esta decisión, fuentes de la Mesa de la Cámara autonómica han asegurado a EL BOLETIN que se reunirán a principios del mes de septiembre para “acatar” la sentencia y “admitir” las preguntas realizadas por esta formación. Unas cuestiones que tratan sobre los contratos de la Generalitat con empresas relacionadas con la trama Gürtel. Asimismo, según la prensa de la región, se dará luz verde a debatir asuntos como los vertidos tóxicos en Mislata (Valencia) de una fábrica de papel, las contrataciones y adjudicaciones de licencias de radio y televisión y el plan de emergencia exterior en el polígono de El Serrallo (Castellón), junto a una proposición no de ley para reconocer públicamente al que fuera conseller republicano Francesc Bosch Morata.
Este fallo judicial es la tercera sentencia desfavorable del Constitucional en dos legislaturas para la Mesa autonómica por sus vetos a cuestiones delicados para Camps. Además, esto se produce a pocas semanas de que el presidente de la Generalitat, a finales de septiembre o principios de octubre, tenga que dar de nuevo explicaciones por su imputación en la rama valenciana del ‘caso Gürtel’ ante la reapertura del juicio oral.
Los máximos representantes de Compromís en esta Cámara, Enric Morera y Mónica Oltra, han exigido la dimisión de la presidenta de las Cortes y de la Mesa, Milagrosa Martínez; así como del ex vicepresidente primero del órgano rector de la Cámara y actual secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y de la secretaria primera, María Fernanda Vidal. Estos diputados aseguran que los mencionados dirigentes populares están “inhabilitados para seguir en la vida pública” ya que “no han cumplido la Constitución”. Una desobediencia que Compromís ha insistido que era a sabiendas, ya que eran conscientes de que “había precedentes” con sentencias anteriores del del Tribunal Constitucional.
