PP y Ciudadanos estudian querellarse contra Sánchez Mato por grabar una reunión de Calle 30

Madrid

PP y Ciudadanos estudian querellarse contra Sánchez Mato por grabar una reunión de Calle 30

Carlos Sánchez Mato, concejal de Ahora Madrid

Según ABC, el concejal de Ahora Madrid grabó, sin consentimiento, la última reunión del consejo de Madrid Calle 30. Algo que pretenden llevar a los tribunales PP y Ciudadanos. Un nuevo conflicto se abre en el Ayuntamiento de Madrid. Las portavoces del PP y Ciudadanos, Esperanza Aguirre y Begoña Villacís han avanzado este lunes al diario ABC que estudian llevar a los tribunales a Carlos Sánchez Mato por grabar sin consentimiento las reuniones del consejo de administración de Madrid Calle 30. “Parece una violación clara”, han sentenciado desde la bancada popular.
 
Tanto la formación conservadora como la naranja han aseverado que el delegado de Economía y Hacienda en el Consistorio capitalino debería explicar quién custodia esas grabaciones, quién tiene acceso a ellas y con qué fin se han realizado. Según ABC, Sánchez Mato grabó la última reunión del consejo de Madrid Calle 30. Todo sin el consentimiento de los miembros, en el que estuvieron presentes representantes del PP y Ciudadanos, de la constructora Ferrovial y de Iridium, una filial de ACS.
 
Por el momento, los populares estudian si la práctica del concejal de Ahora Madrid sería una ilegalidad, algo que si se confirma, como ha podido conocer el medio, “lo llevarán a los tribunales sin ninguna duda”. Mientras tanto, el PP, que ya ha anunciado que formulará una pregunta en el Pleno de la próxima semana, ha exigido que se preserve la garantía de la custodia de las grabaciones, el acceso a éstas y su objetivo.
 
Desde Ciudadanos, Villacís ha señalado a ABC que “eso no es transparencia”, sino un “juego muy peligroso”. De hecho, la portavoz de Ciudadanos ya ha apuntado que denunciarán al delegado del Consistorio ante la Agencia de Protección de Datos. Según la política madrileña, si se sentencia que ha habido una serie de irregularidades con las grabaciones, las sanciones pueden alcanzar entre 300.000 y 6000 euros, que, a su entender, “pagarán los madrileños”.

Más información